En pocos días el Senado de la Nación podría convertir en ley un nuevo régimen de catastros. El proyecto había sido presentado en el 2003 por el entonces senador José Luis Gioja, hoy gobernador de San Juan, pero fue aprobado por la Cámara alta recién en el 2005. Tras un año de discusión en Diputados la iniciativa fue aprobada con modificaciones el 4 de octubre, con el respaldo de 17 provincias y regresó al Senado para su sanción definitiva.
Los catastros en la Argentina están en manos de las provincias que nunca delegaron a la nación su facultad de control y registración. Allí se reúne localmente toda la información sobre los inmuebles, trascendente desde el punto de vista económico y fiscal. Pero también sirven de soporte a los registros de la propiedad, que es donde se asientan las titularidades de dominio y los derechos reales sobre los inmuebles. Ocurre que el grado de desarrollo catastral que tiene cada distrito es muy heterogéneo; el más avanzado es el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero hay provincias que no tienen ley que lo regule.
La norma proyectada intenta ordenar esa información e inducir a los catastros provinciales a perfeccionar su sistema de registración. Una de las principales novedades que se introduce es el denominado certificado catastral. Este instrumento será un requisito en el caso concreto de las transmisiones de dominio, en las escrituras de compraventa, y servirá para que el comprador sepa con precisión qué está adquiriendo. En el certificado constarán los datos de mensura, lotes linderos y una serie de características de la propiedad. Si la mensura ya existe, entonces habrá que emitir una ratificación de la misma. âTal vez si se hubieran tomado estos recaudos, se hubiese impedido la compra de tierras en el Sur por Benetton o la efectuada por Tompkins en Corrientesâ, evaluó el presidente del bloque kirchnerista, diputado Agustín Rossi, poco antes de votar la ley.
Para el ARI, el único bloque que votó en contra de la norma, la propuesta es insuficiente en virtud de que existirían más títulos de propiedad que tierras. âEsto puede dar lugar a una trampa, porque de alguna manera estamos empezando de cero, pero no estamos revisando lo que ha sucedido hasta ahora, que es lo que deberíamos hacerâ, expresó la diputada Marcela Rodríguez.
Diego Ramirez
Consultor en Política Agropecuaria
Especial para INFOCAMPO