El conflicto con Paraguay por el cobro de peajes en la hidrovía volvió a escalar en las últimas horas, luego de que el canciller del país vecino, Rubén Ramírez, anunciara que su país acudirá al Tribunal Permanente de Revisión (TPR) del Mercado Común del Sur (Mercosur) para resolver esta controversia.
Además de la molestia que le ha generado al gobierno y a las empresas paraguayas que la Administración General de Puertos de Argentina decida cobrar un peaje por el mantenimiento del dragado del Río Paraná, se sumó en las últimas horas que este organismo decidió retener y evitar que siga navegando una barcaza con bandera paraguaya.
Por este motivo, el jueves el canciller Ramírez había convocado al embajador argentino en Paraguay, Óscar Domingo Peppo, a una reunión en la sede del ministerio de Relaciones Exteriores, en Asunción, para expresar la protesta de su país ante el Gobierno de Argentina por la retención que consideran “irregular” de un convoy de 10 barcazas cargado con combustible.
AL TRIBUNAL POR LOS PEAJES EN LA HIDROVÍA
“Hemos tomado la decisión de recurrir al Tribunal, en función del Tratado de Asunción, que crea el Mercosur, por violación de los artículos primero y segundo, que nos conducen a un Tribunal de Resolución de Controversias del Mercosur”, expresó Ramírez.
No obstante, enfatizó su disposición al diálogo como un mecanismo principal para resolver este controversia.
Asimismo, expresó su preocupación por la falta de acciones de Argentina para dar solución a la controversia y señaló que estas medidas afectan gravemente la libertad de tránsito de bienes estratégicos y sensibles para Paraguay, que no tiene litoral marítimo.
Como se mencionó, el problema que se sumó en las últimas horas fue cuando la Prefectura Naval decidió interrumpir el paso de la barcaza MGT-05 de la naviera Mercurio Group SA, con una “notificación de embargo e interdicción de navegar”.
Esa embarcación forma parte de un convoy de barcazas que “se encuentra operando en la jurisdicción de Zárate, provincia de Buenos Aires”, señaló la firma.
Y precisó que esta medida fue emitida como parte del “reclamo de pago por una factura de U$S 27.031, correspondiente al peaje del tramo Santa Fe -Confluencia”.
QUEJA DESDE PARAGUAY
En ese contexto, la Cancillería paraguaya indicó que la determinación “fue tomada pasando por alto incluso disposiciones judiciales que indicaban que el convoy no podía ser retenido”.
Para el gobierno de ese país, además, su par argentino “lejos de tomar acciones que permitan un entendimiento sobre la controversia instalada, impulsa medidas que pudieran incluso interpretarse como deliberadas a agravar la situación“.
“Teniendo en cuenta que se trata de una restricción a la libertad de tránsito de bienes estratégicos y sensibles para un país signatario, que tiene comprometido el abastecimiento de combustible y la fluctuación del precio de dicho insumo, representa una afectación grave que repercute en la cadena de valor y, en última instancia, a la sociedad paraguaya”, señaló la Cancillería.
Bajo este panorama, anunció que pedirá a Brasil, país que ocupa la presidencia pro tempore del Comité Intergubernamental de la Hidrovía, que adelante “de manera urgente” para la primera quincena de septiembre la reunión extraordinaria de ese organismo que vela por el funcionamiento de esa arteria fluvial.
A la reunión, prevista inicialmente para finales de este mes, están convocados Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay, que firmaron en junio de 1992 el Acuerdo de Transporte Fluvial de la Hidrovía.
