En particular, el pedido de la diputada de San Luis Ivana Bianchi (Compromiso Federal) quiere conocer si el Gobierno realizó relevamientos sobre la comercialización de esa semilla clandestina. Invocando la Ley Nº 20.247 –conocida como “de semillas y creaciones fitogénicas”-, la diputada insiste en que toda semilla que se comercialice debe estar debidamente rotulada.
Con esta iniciativa, Bianchi logra poner bajo la lupa el mercado ilegal de semillas. “Hay que distinguir entre semilla legal, que para los principales cultivos debe ser fiscalizada o provenir del uso propio genuino, y semilla ilegal comercializada sin rótulo (bolsa blanca) en el mercado negro”, asegura. Y detalla que, en general, se considera que en los cultivos donde predominan los “cultivares híbridos” -maíz, girasol y sorgo- la gran mayoría de la semilla empleada es fiscalizada. En cambio, en trigo y soja, en que los cultivares son líneas endocriadas, “la semilla de uso propio e ilegal alcanza proporciones muy significativas”.
En el etiquetado del producto, según consigna el proyecto, se deben indicar datos mínimos sobre el responsable, especie, nombre de la variedad si correspondiera, e información sobre su calidad, además de los datos sobre la campaña de producción, peso neto y origen.
De esta manera, la existencia de una semilla no rotulada constituye un mercado ilegal, que la diputada pretende combatir. La iniciativa deberá ser avalada por la Comisión de Agricultura y Ganadería -comandada por el oficialista Luis Basterra- antes de poder ser sancionada en el recinto.
Cabe agregar que, a una década del inicio de la difusión comercial de cultivares genéticamente modificados en el mundo, la Argentina, con el 19 por ciento del total global, se encuentra en el segundo lugar por área sembrada detrás de los Estados Unidos. Asimismo, encabeza la lista en lo que concierne a la proporción de tierra arable cultivada con variedades transgénicas, con el 61 por ciento del total, seguida de lejos por el país norteamericano (29 por ciento) y Brasil (16).
“El Instituto Nacional de Semillas (INASE) nunca logró controlar el mercado negro de semillas. Tampoco tuvieron éxito las empresas que intentaron ejercer el poder de policía a través de la vigilancia del cumplimiento de los contratos privados impuestos, a partir de 2000, en la venta de semillas de los cultivares de punta”, concluye Bianchi.
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