El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) destruyó una plantación de 3.000 m2 de perejil y otra de 4.000 m2 de apio, tras verificar, mediante análisis de laboratorio, la presencia de niveles elevados de un agroquímico. Los lotes estaban ubicados en Laguna de los Padres, en el municipio bonaerense de General Pueyrredón.
El operativo, que fue realizado junto al Área de Bromatología del municipio, había comenzado en uno de los locales de una conocida cadena de supermercados de la región, donde los inspectores de ambas reparticiones públicas verificaron que muestras extraídas de apio y perejil disponibles para su venta al público contenían altos niveles de clorpirifos, un insecticida cuya aplicación y manejo debe cumplir con pautas de buenas prácticas agrícolas para no poner en riesgo la salud de los productores y consumidores.
Los inspectores interdictaron los productos y consultaron a las autoridades del supermercado respecto del origen del apio y el perejil para dar luego con un productor de la zona de Laguna de los Padres quien, además de rotular indebidamente la mercadería comercializada, aún poseía varios lotes de los cultivos en cuestión, los que también se interdictaron hasta que se conocieran los resultados de los análisis de laboratorio de los muestreos.
Los análisis confirmaron la presencia del agroquímico en ambos casos, en niveles superiores a los permitidos para un consumo seguro, por lo que Senasa dispuso la destrucción de las plantaciones imposibilitando la comercialización de dichas verduras para resguardar la salud de los consumidores.
El director del Centro Regional Buenos Aires Sur del Senasa, Gabriel Meléndez, indicó: “Estas acciones no finalizan con las destrucción de los productos sino que continúan con las respectivas instancias legales”.
Cabe mencionar que tanto el Senasa como el municipio de General Pueyrredón -importante productor de frutas y verduras en la región-, operan conjuntamente en rutinas de control regular en comercios, mercados mayoristas y quintas, y desarrollan otras acciones para que productores y comercializadores actúen con responsabilidad en la oferta de alimentos seguros, para evitar poner en riesgo la salud de la población.
