Así lo dispuso la cartera a cargo de Felisa Miceli en su resolución 803/2006, publicada en el Boletín Oficial, que desgravó el derecho de exportación al valor agregado correspondiente a la industrialización del trigo en la exportación de harina de trigo y sus subproductos hasta alcanzar el equivalente a dos millones de toneladas de trigo en grano anuales.
Asimismo, creó el Registro del Programa de Producción de Harina en el ámbito de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), donde los exportadores deberán consignar “las ventas al exterior de harina de trigo, sus subproductos y el volumen de trigo equivalente” para acceder al beneficio.
La medida busca “fomentar que el exportador, una vez adquirido el trigo en granos, proceda a su industrialización en los molinos ubicados en el país”, para intentar revertir así el hecho de que “la Argentina es históricamente exportador de trigo en grano, que es industrializado por establecimientos instalados en terceros países”, señala en sus considerandos.
Al mismo tiempo, intenta aprovechar la “evidente capacidad ociosa” del sector molinero argentino, “producto de la existencia de un número de molinos cuya potencialidad de producción supera ampliamente al consumo del mercado interno”, señala el Ministerio de Economía.
