El Gobierno de Río Negro promulgó un decreto ley que declara el estado de emergencia económico-financiera del sector público provincial a partir del 1 de enero próximo y por el lapso de un año con la posibilidad de prórroga por otros doce meses, según se publica hoy en el Boletín Oficial provincial.
“Producto de la recesión de la actividad económica se ha comprometido el proceso de normalización de las cuentas fiscales de la provincia”, señala uno de los considerandos del decreto, que además especifica que “los recursos nacionales representan la mayor parte de los ingresos corrientes provinciales”.
En ese sentido, señala que “los niveles transferidos (por la Nación) no logran alcanzar los valores presupuestados y la recaudación de este año crece a un ritmo mucho menor que la inflación, siendo, los fondos coparticipados a la provincia, negativos en términos reales y dificultan el recorte del déficit fiscal”.
“Es de público conocimiento que se han presentado proyectos de Ley a ser tratados a nivel nacional, para disminuir la presión tributaria en el país que implicarían nuevas caídas en las transferencias nacionales”, puntualiza.
Asimismo, señala que Río Negro “se vio en la necesidad de implementar herramientas alternativas de financiamiento de Tesorería como el Programa de Letras de Tesorería ejecutado en el ejercicio 2016 y proyectando para el presupuesto 2017 un nuevo programa para afrontar la deuda flotante existente como así también Bonos de consolidación”.
El gobernador Alberto Weretilneck “quedó facultado a disponer por razones de emergencia la rescisión, prórroga y/o renegociación de los contratos, incluyendo los cánones establecidos, en los cuales sea parte el Estado Provincial y/o cualquiera de sus entidades, incluyendo a simple título enunciativo los de obra, servicios, suministros, consultoría, concesión, licencias y/o de cualquier otra índole o naturaleza, con exclusión del empleo público, cualquiera sea el tipo jurídico del ente comitente”.
Además, quedó autorizado “a refinanciar los pasivos financieros contraídos” por la provincia con entidades financieras, bancarias, el Estado nacional, proveedores, contratistas y los contraídos mediante la emisión de certificados de deuda pública.
También podrá efectuar acuerdos conciliatorios, transaccionales, compensatorios y/o toda otra operación que tenga por finalidad el saneamiento de los créditos y deudas existentes entre el Estado nacional, el Estado provincial y los municipios, con causa anterior al 31 de diciembre de 2016.
