El proyecto de reforma de la ley de semillas 20.247 que impulsa la Secretaría de Agricultura y que guarda similitudes con el oportunamente elaborado por el Centro de Propiedad Intelectual de la U. Austral, fue rechazado por entidades de productores, multiplicadores, semilleros, académicos y profesionales de la ingeniería agronómica.
En una jornada realizada el pasado viernes 30 de noviembre, Javier Jayo Ordoqui, por Confederaciones Rurales Argentinas y Jorge Solmi, por Federación Agraria, coincidieron al señalar que la modificación de la ley no es la vía adecuada para solucionar el problema del comercio ilegal de semilla, que aqueja a la cadena semillera por igual. “Hay que reforzar los mecanismos de observancia de la ley”, sostuvo Solmi, que es abogado y miembro de la Comisión Nacional de Semillas, el órgano asesor del Inase.
Un denominador común a todos los expositores fue la metodología con la que la Sagpya abordó el proyecto de reforma. “No consultaron a todos los actores de la cadena. ¿Es que se puede modificar una ley sólo por la apetencia de un grupo de interesados?”, sostuvo Raúl Pagnoni, presidente de la Cámara de Semilleros Multiplicadores, una entidad también representada en la Conase.
“Creo que el único motivo de intentar modificarla es el interés de la industria semillera”, indicó por su parte Jayo Ordoqui, de CRA.
Es que las grandes compañías del sector fueron apuntadas como las principales promotoras y beneficiarias del proyecto.
También hubo manifestación de preocupación porque las restricciones que propone el proyecto podría obstaculizar el acceso de los fitomejoradores al material genético, hoy protegido por la ley de semillas 20.247.
El final de la jornada estuvo a cargo del Dr. Carlos María Correa, un especialista en patentes que asesora el gobierno como parte interesada en el litigio que la compañía Monsanto le planteó a importadores de harina de soja argentina en la Unión Europea, aduciendo violación de la patente de la tecnología de resistencia a glifosato.
El académico también defendió la ley vigente y el convenio Upov 78, al cual está adherida la Argentina, así como el resto de los países del Mercosur.
Dijo por otra parte, que la misma Upov, organismo internacional que agrupa a los obtentores de variedades vegetales, destacó en un informe de 2006 la buena performance de la Argentina en materia de protección de los derechos de los obtentores, con sólidas cifras de crecimiento en la registración de variedades de autógamas, tanto de origen nacional como importadas.
La jornada fue interpretada como la respuesta al Primer Congreso Interamericano de Semilla, donde se defendió la reforma de la ley de semillas.
Fuentes de las empresas aludidas declinaron la invitación de Infocampo a expresar sus puntos de vista o comentarios sobre la cuestión.
