En el marco de una entrevista con Télam, la ingeniera Mercedes Canese, una de las asesoras parlamentarias en temas energéticos y económicos del Frente Guasú que lidera el ex presidente Fernando Lugo, se refirió a la iniciativa que aprobó la Cámara de Senadores para que comiencen a tributar las exportaciones de soja.
Canese señaló que la Cámara alta sancionó la normativa en general por 24 votos a favor y explicó que para la iniciativa parlamentaria que presentó el Frente Guasú se basaron “en lo que hacen los países productores de soja del Cono Sur, por ejemplo Argentina, Brasil y Uruguay, que tienen impuestos mucho más altos de lo que nosotros planteamos”.
“Nuestro proyecto inicial planteaba un impuesto a la exportación de soja, maíz y trigo en estado natural, es decir en la forma de grano sin procesar, con una tasa del 15% sobre la factura de exportación”, apuntó y afirmó que “el objetivo del Frente Guasú es que en vez de exportar materias primas en estado natural se procesen, para que bajen los precios internos, se aliente la diversificación de la producción y aumente la industrialización”.
Canese aseguró que a la fuerza política de la que forma parte el 15% le pareció razonable “porque mantiene la competitividad porque los vecinos cobran una tasa mayor”.
En ese sentido, la asesora parlamentaria dijo que “la medida no es ni socialista ni de izquierda”: “Es estrictamente liberal, es pasar del feudalismo a la industrialización, a una forma más moderna de capitalismo”.
Sin embargo, para ser aprobado en general el proyecto sufrió modificaciones. Según relató Canese, las otras bancadas les solicitaron que el impuesto sea solamente sobre la exportación de soja y que la tasa baje al 10%. Por lo que la expectativa de recaudación pasó de 345 millones de dólares al año, a 180, lo que para ella “igualmente es una cifra importante para la economía de Paraguay”.
Actualmente, la soja y los otros granos no pagan impuestos a la exportación. Sí existen tres impuestos que los productores deben abonar: el IVA Agropecuario, que es del 5%, el IRAGRO, que es un impuesto a la renta, y el impuesto inmobiliario. “El cálculo aproximado que se hace es que el sector agropecuario aporta un 2,7% sobre el total de su facturación”, remarca Canese y refuerza con la idea de que eso significa sólo un 0,3% del Producto Bruto Interno del país.
“Nosotros decimos que tenemos que financiar nuestro desarrollo con ingresos genuinos y no con endeudamiento. Este Gobierno fue el que más endeudó al país, siempre estuvimos en el orden de los 2 mil millones de dólares y ahora estamos por encima de los 6 mil”, desarrolló la también docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción.
Como parte de una fuerza progresista, Canese recuerda que Paraguay es uno de los peores países en cuanto a distribución de la tierra: el 80% está en manos de menos del 2% de la población.
Este escenario explica, según su mirada, que “en el Congreso la mayoría de los legisladores representa a los sectores del agronegocios”.
Sobre el futuro del trámite parlamentario de la iniciativa, que primero deberá ser aprobada en particular en la Cámara alta para luego comenzar a debatirse en Diputados, Canese marcó las dificultades que le esperan al proyecto: “En Diputados la presión de parte de los sojeros es mucho mayor porque estos se eligen por departamentos y en aquellos que hay producción de soja sabemos que existe una presión muy importante y también muchos sojeros financian campañas políticas”.
“Es evidente que las presiones de los sectores sojeros son muy importantes”, sostuvo la docente universitaria y relató que el precandidato a la presidencia por el cartismo -la fuerza política que encabeza el actual mandatario, Horacio Cartes- es Santiago Peña, que “cuando fue Ministro de Haciendo nunca hizo nada por reducir la contribución de los más pequeños y aumentar la de los más grandes, a pesar de su discurso”.
Canese definió a Peña como “un vocero y un abogado de los sectores sojeros, y por eso el Gobierno anuncia el veto” al impuesto a la exportación de soja.
Consultada sobre la elección del ex presidente Fernando Lugo como titular de la Cámara de Senadores, la asesora parlamentaria recordó que las conversaciones con otras bancadas, incluso la oficialista, se intensificaron a partir de la posición que tuvo el Frente Guasú sobre la enmienda constitucional, que de haberse llevado adelante hubiera permitido la reelección presidencial.
“Parte del acuerdo de esta agenda legislativa fue la definición de la candidatura de Lugo para la presidencia del Congreso, las conversaciones habían comenzado con la enmienda y a pesar de no poder avanzarse continuaron sobre otros temas muy importantes para nosotros, como es este del impuesto a la soja, que ataca los problemas de fondo de nuestro país como es la desigualdad en la distribución de la tierra”, reseñó Canese que remató con los próximos pasos del Frente Guasú: “Vamos a luchar no solamente desde nuestra organización política, sino también con las organizaciones sociales que nos apoyaron, para que los más ganan paguen más”.
El panorama en la Argentina
El sociólogo Rolando García, especialista en temas agrarios del CONICET, afirmó que “el impuesto directo a la soja son las retenciones, que hoy son del 30% y está planteado un retroceso progresivo de cara a las próximas campañas aunque ha habido planteos desde el Gobierno que lo ponía en duda”.
García reseñó que “hay otros impuestos, como el vial, que corre por el municipio, y en la provincia de Buenos Aires, el inmobiliario rural. Además, los empresarios rurales pagan ganancia mínima presunta, impuesto a las ganancias y bienes personales, que no es en calidad de su producción, sino en la calidad de las propiedades que detenta una persona”.
“Es una conjunción de impuestos que recaen en el empresario agrario, que siempre se quejan de la presión tributaria y efectivamente hay una presión impositiva elevada, lo que coincide con que hay una renta agraria que tiene que ver con el monopolio absoluto de la tierra que produce en condiciones normales, ganancias extraordinarias”, afirmó García.
Consultado sobre la existencia de evasión fiscal, García aseguró que “se cree que hay formas de eludir y se cree que hay un nivel de elusión pero la forma normal de exportar es venderle la producción a un acopio o una cerealera, normalmente hay más de 60% de producción que va directo al puerto, donde se entrega la soja, se pesa, se mide la calidad del grano y ahí no hay forma de dibujar eso”.
“Yo no plantearía que existe una evasión masiva, porque no hay elementos para afirmar eso”, consideró García.
