Científicos de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral y del Centro Regional de Investigación y Desarrollo de Santa Fe (Ceride) estudiaron la problemática de los nitrofuranos en las mieles locales y arribaron a la conclusión de que se hace indispensable contar con al menos un laboratorio habilitado para analizar dicha sustancia en la provincia a fin de descomprimir el “cuello de botella” que se genera al momento de exportar la producción debido a la existencia de un solo laboratorio en el país. Según consta en el trabajo, la inversión necesaria para adquirir la tecnología para el análisis de nitrofuranos sería de u$s600.000 y se recuperaría en una campaña gracias al volumen de miel que se produce en la provincia.
El estudio, titulado Análisis de nitrofuranos en mieles argentinas. Una visión de la problemática en la región, surgió a pedido de un grupo de productores nucleados en la Cooperativa Apícola de Laguna Paiva y fue entregado a funcionarios del Ministerio de la Producción con el objetivo de que el Estado tome conocimiento del problema y arbitre las medidas necesarias para la instalación de un laboratorio en territorio santafesino.
En el texto se deja constancia de que actualmente existe en el país solamente un laboratorio privado que cuenta con dos equipos convencionales (LC/MS/MS) lo que genera un “cuello de botella”, y por lo que algunas instituciones iniciaron los trámites para instalar otros alternativos, como el caso de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, la agencia Córdoba Ciencia y el mismo Senasa. Sin embargo, explica el documento, “no se conoce de ningún laboratorio de la provincia de Santa Fe que se encuentre realizando trámites para la adquisición del equipamiento, lo que constituye una debilidad para la región”.
La viabilidad de montar un lugar oficial habilitado para los análisis en la provincia queda de manifiesto si se tiene en cuenta que, sólo en el 2003, el negocio de la miel reportó a las arcas nacionales un ingreso de u$s16 millones en concepto de impuesto a las exportaciones, por lo que “el volumen de producción aseguraría aportes suficientes para montar un laboratorio con los implementos técnicos necesarios para detectar la presencia de la sustancia contaminante en la miel”.
Respecto del equipamiento que convendría adquirir, y debido a la tolerancia cero que exigen los mercados demandantes, los profesionales recomiendan una combinación de la última tecnología disponible, denominada Cromatografía Líquida de Ultra Presión (UPLC), sumada a un sistema de muestreo automático que permita una operatividad continua las 24 horas. De esta manera, se trabajaría al ritmo que lo harían cuatro laboratorios convencionales e incluso resultaría menos oneroso para los productores ya que el costo operativo de cada muestra sería de u$s60, mientras que actualmente cada análisis cuesta 200 dólares. Según comentaron los responsables del trabajo, si se tiene en cuenta que desde la provincia salen 40.000 toneladas de miel cada año, el valor de instalación se pagaría en una campaña.
De todos modos, el documento deja en claro -y sus responsables así lo han ratificado- que la adquisión del equipamiento es sólo el primer paso para dinamizar la venta de la producción, ya que luego corresponde iniciar el período de autorización por parte del Senasa que, según la infraestructura ya disponible y la capacitación del personal, puede durar entre cuatro y seis meses. Por esta razón, aseguran que para la próxima campaña seguirá existiendo sólo un laboratorio habilitado.
Mientras tanto, “si bien los mercados compradores de nuestras mieles continúan abiertos, la comercialización internacional del producto se encuentra deprimida, lo cual afecta a más de 25.000 apicultores de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y Entre Ríos”, explica el estudio.
Por Juan Manuel Fernández
Corresponsal de Infocampo en Santa Fe
