La empresa avícola Supremo SA quedó en el ojo de la tormenta luego de tres allanamientos que terminaron con la detención de cinco personas por explotación laboral.
Todo comenzó con la noticia de una trabajadora de la firma de Cañuelas que murió por hantavirus en el hospital de la ciudad, lo que desembocó en una fiscalización del Renatre en el establecimiento donde se desempeñaba.
Luego, continuó con más operativos en los distintos galpones, granjas y oficinas, que demostraron que 31 operarios, la mayoría de nacionalidad paraguaya, se encontraban en “condiciones infrahumanas” de trabajo, según explicó el presidente del organismo, Ramón Ayala.
La causa penal está en manos del Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, en el marco de un trabajo conjunto entre la Uatre, la Secretaria de Trabajo de la Nación, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y el mismo Renatre.
Ayala explicó que la situación en el predio “representaba un peligro para la salud física de los trabajadores”, dado que en el lugar se detectaron circunstancias de “insalubridad, vulnerabilidad y precarización hostil”, e incluso presencia de menores de edad.
Medios locales hablan de Carlos Felipe Fernández como el principal responsable, dado que es el dueño de la empresa y cuenta con plantas y campos tanto en Cañuelas como en Las Heras, así como también en el partido de Morón.
Supremo SA se dedica a la cría, faena y comercialización de pollos, y no es la primera vez que trascienden este tipo de noticias en relación a la firma. El mes pasado, se supo que en una de las granjas los empleados vivían en un colectivo abandonado, entre roedores, gatos y aves muertas. Además, detectaron pollos en descomposición y restos de productos químicos para fumigar.
