En el marco de la crisis que vive en el país el sector lechero, que derivó hace unos días en una protesta frente al Ministerio de Agricultura nacional, proponen en la Cámara Baja un proyecto de ley de contrato lechero, para regular la entrega de leche de los tamberos a los procesadores, y dotar de un marco normativo al sector. En la fundamentación de la iniciativa, presentada por el entrerriano Jorge Chemes (UCR), se hace hincapié en los cambios que sufrió la industria lechera en los últimos años, que avanzó en “un proceso de oligopolización y concentración”, por lo cual consideró fundamental “darle a los productores lecheros y de productos la formalidad legal que hace falta desde hace tanto tiempo”.
De esta forma, se haría: “Obligatoria la firma de contratos por la entrega de leche del tambero a las usinas. Queremos fechas y precios ciertos. Queremos obligaciones y derechos, fechas de pago, fechas de cobro. Queremos que lo que es obvio para el resto de los sectores, sea la novedad para el sector lechero”, resaltó Chemes. Y remarcó que “en la norma se prohíben expresamente los contratos orales”, y abogó por “contratos estables pero que, a la vez, reflejen los cambios en los destinos de los productos lácteos”.
Chemes remarcó que la iniciativa “ha sido producto del trabajo de mucho tiempo de elaboración, requirió estudios de antecedentes; implicó trabajar sobre otros proyectos presentados por otros legisladores; revisar historias y archivos”, y advirtió: “El sector lechero argentino no ha contado nunca con un marco legal único, ni cierto ni nacional. Todos los esfuerzos que se han hecho hasta la fecha han fracasado. Esto se explica, básicamente, por la conformación del mercado. Se trata de un oligopolio, en el que algunas usinas concentran gran parte de la producción de lácteos. El poder de este oligopolio se traduce en poder oligopsónico con sus proveedores: los tamberos. Queremos un Estado que actúe para equilibrar fuerzas”.
La iniciativa propone prohibir “en todo el ámbito nacional la venta comercial de leche cruda que no sea destinada a transformación. La autoridad de aplicación establecerá un mecanismo excepcional para los casos en que no pueda cumplirse con la prohibición”, y establece que “no se admitirán contratos orales ni no formales en la compraventa de leche cruda. La venta de leche cruda a los transformadores deberá ser formalizada expresamente entre el tambero y el transformador”.
Tras presentar un glosario con diversos términos vinculados al sector, remarcó que los contratos deberán contar con una revisión mínima anual, y “solo podrán hacerse revisiones fuera de lo pautado en caso de: cambio de titularidad del tambero que explota el tambo; por cambio de titularidad de las empresas lácteas; desastres naturales que afecten a una o a ambas partes”.
“Los contratos deberán contener, como mínimo, los datos de los titulares, condiciones exigidas y exigibles a ambas partes y un precio. La autoridad de aplicación determinará las restantes condiciones formales exigibles en los contratos”, propone la iniciativa, y agrega que el precio “no deberá ser expresado en pesos sino en función de la participación de la materia prima en productos seleccionados”.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
