La Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra) y la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales (Fifra) expresaron sus reparos en relación a la resolución conjunta que emitieron los ministerios de Agricultura, Ganadería y Pesca, y de Desarrollo Productivo, que puso plazos para implementar la comercialización de carne en trozos de un máximo de 32 kilos.
En el caso de Ciccra, en su informe mensual, expresó que coincide con la mayoría del sector de que el fin del traslado de medias reses es una medida “necesaria, que apunta a la modernización del consumo, introduciendo mejoras sustanciales en las condiciones laborales de los trabajadores, además de sus evidentes beneficios sanitarios y ambientales”.
Para Ciccra, sin embargo, el primer problema está en los plazos: los frigoríficos nacionales tienen hasta tres meses para presentar su plan de adecuación y hasta seis para implementarlo, y los provinciales/municipales, seis meses para el plan y hasta un año para la ejecución.
“Esto genera una situación de desigualdad no sólo para la industria, sino también para los consumidores, ya que reafirma el doble estándar sanitario, a contramano de uno de los consensos básicos de todo el sector”, indicó Ciccra.
Adhesión provincial
También recordó que esta medida ya se intentó en varias oportunidades y nunca tuvo éxito porque depende de que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dicten medidas concordantes, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de la normativa.
“En otras palabras, a pesar de los anuncios, la norma tal como está no es operativa a nivel nacional porque avanza sobre facultades no delegadas. Los funcionarios de Agricultura, en vez de gestionar una política pública a nivel federal, trabajando con todas las jurisdicciones del país para implementar una medida virtuosa, eligieron el camino de los anuncios y mostrar sólo lo que pasa en la Capital”, criticó Ciccra.
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La consecuencia –prosiguió– es que “en la práctica continuaremos viendo camiones descargando medias reses en casi todo el país –nada habrá cambiado a nivel laboral ni sanitario ni ambiental – salvo en la Ciudad de Buenos Aires, que como no tiene frigoríficos en su territorio, sólo recibe carne habilitada para el tráfico federal”.
El último párrafo es particularmente duro: “Tal vez deberíamos pensar que algún funcionario de los que defienden a las pseudo cooperativas cree que implementando esta medida generará mayores utilidades a los empresarios que explotan a los trabajadores y evaden todo tipo de impuestos”.
Legislación laboral
En el caso de Fifra, su presidente, Daniel Urcía, mencionó a Infocampo que lo que hay que recordar es que “el interés jurídico que se pretende proteger en teoría es el del trabajador, que hace el mismo esfuerzo tanto sea la empresa nacional, provincial o un colgadero sin habilitación”.
Por eso, establecer plazos diferentes, significaría una desigualdad para unos en ventaja o desmedro de otros.
Coincidió, en este punto, con la necesidad de que las provincias ratifiquen su adhesión. “Está fresco el recuerdo a principios de los ’90 cuando se quiso implementar el programa corte por lo sano, para acabar con la media res, y la provincia de Buenos Aires no adhirió y tumbó todo”, recordó Urcía.
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Pero a la par, hay un elemento adicional a considerar: hoy la legislación laboral indica que los trabajadores no pueden descargar de los camiones trozos de carne que superen los 25 kilos, y necesitan de medios mecánicos de asistencia si se supera ese volumen. De hecho, fue una de las razones por las que se aceleró la movida para acabar con el comercio de medias reses.
El tema es que si llegan a supermercados o carnicerías trozos de 32 kilos, solo podrán hacerlo aquellos que ya hayan instalado esos medios mecánicos y que, por ende, podrían sin problemas continuar con el uso de medias reses.
Los que no tengan esas herramientas, seguirán incumpliendo la normativa, y es otro de los puntos que, para Fifra, hay que mirar con más atención. “Se está analizando todo desde el punto de vista de los frigoríficos, y hay que poner la lupa también en los destinatarios”, enfatizó Urcía.
