Ante el anuncio del gobierno de la provincia de Buenos Aires sobre un aumento del 50% en el impuesto inmobiliario rural para el año 2018, el Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos (CADIA) elaboró un documento donde se mencionan los antecedentes del mismo y los cambios que se produjeron en el tiempo.
En su extenso comunicado CADIA opina que “como todo lo que se podía modificar para aumentar la recaudación se modificó y lo que no se podía también, el actual gobierno debió recurrir a una original estrategia; revaluar las partidas modificando los valores del coeficiente que surge del “’911’”.
Y continuó: “El impuesto inmobiliario rural bonaerense es patrimonial, porque grava el valor de los inmuebles rurales libres de mejoras. La estrategia del gobierno para aumentar el impuesto consiste en revaluar las partidas modificando los valores del coeficiente que surge de las declaraciones (formularios 111 o 911)”.
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“En este punto como profesionales de la agronomía queremos manifestar nuestro desacuerdo, ya que el único parámetro que puede aumentarse es la cercanía a rutas asfaltadas en el caso que corresponda. Los suelos no pueden estar más altos o el relieve suavizarse, si alguna mejora se produce es por acción del manejo del productor y no de Rentas de la provincia de Buenos Aires. Sí es posible que por erosión o salinización los suelos empeoren razón por la cual debiera bajar el coeficiente de aptitud. Sin embargo, el Estado provincial pretende aumentarlos y entendemos que lo hacen sólo con fines recaudatorios que se contradicen con los más elementales criterios agronómicos”, expresa el comunicado.
Leé el comunicado completo y repasá los argumentos por los cuales CADIA desaprueba la medida de la gobernación de Buenos Aires:
