“Negro hijo de mil puta. Me la paso todo el año arriba de un tractor. Siempre en la función pública vos parásito. Morfate un libro antes de hablar del campo. Si algún día andas por Zárate te vacío el cargador en la cabeza”. Ese fue el mensaje que recibió Juan Cabandié en su cuenta de Instagram días atrás, luego de criticar fuertemente el uso de glifosato en el sector agropecuario.
El ministro de Ambiente de la Nación decidió ir más allá y llevó el caso a la Justicia. Ahora, el fiscal Gerardo Pollicita investiga los hechos y busca dar con el autor de las amenazas, mientras en el Gobierno salen a repudiar los dichos y aseguran que se pretende “recortar la irrenunciable libertad de las personas para expresarse“.
“Esto es una afrenta colectiva al conjunto de quienes, por fuera de nuestras pertenencias partidarias, militamos orgullosos llevando la bandera del ambiente, en cada una de nuestras jurisdicciones provinciales”, expresaron desde el Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA), la institución que reúne a las jurisdicciones de todas las provincias del país y que conduce Santiago Azulay, ministro de Ambiente de La Rioja.
El origen del conflicto
Las declaraciones de Cabandié en contra del glifosato se dieron en mayo, en una reunión virtual de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, perteneciente a la Cámara Alta del Congreso.
“Ustedes -refiriéndose a los senadores- saben lo que significa el glifosato y el paquete tecnológico en la Pampa Húmeda y más…ese glifosato o veneno, según cómo quieran llamarlo, contamina las napas friáticas, se fumiga en la cara de los niños en las escuelas rurales, en los centros urbanos, hay muertes productos de glifosato”, dijo. “Si hiciésemos un estudio de glifosato en sangre nos alarmaría. Si hiciésemos un estudio de glifosato en nuestro plato de comida nos alarmaríamos, pero eso no tiene geografía…Esto llega a todos lados”, agregó.
Días más tarde, el ministro subió un posteo a Instagram donde contó que se reunió con el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, para abordar la agenda de trabajo vinculada a la pandemia. Ahí fue donde apareció el comentario con las amenazas.
Actualmente, la causa que lleva adelante Pollicita investiga dos delitos: las amenazas, contempladas en el artículo 149 bis del Código Penal, que exigen una pena de seis meses a dos años; y el delito que aparece en el artículo 149 ter en su inciso 2.a, que señala que si las amenazas tuvieren como propósito la “obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos” tendrá penas de cinco a 10 años.
