El Ministro de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquís, presentó ante la Subsecretaría de Alimentos y Bebidas del Ministerio de Agroindustria de la Nación un escrito con la posición del gobierno bonaerense en relación a la solicitud de la Unión Europea para la protección -en calidad de indicaciones geográficas- de los nombres de quesos que se elaboran y comercializan masivamente en la Argentina.
Según la presentación, la posición de Europa en las negociaciones con el MERCOSUR, en el caso de ser aceptada, implicaría un serio perjuicio para la lechería argentina en general y la bonaerense en particular, dado que los elaboradores de quesos cuyos nombres los europeos pretenden proteger se verían imposibilitados de seguir utilizando las denominaciones que durante un siglo y medio se han impuesto como nombres genéricos para el consumidor argentino.
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“La Unión Europea debe reconocer que la Argentina, al igual que otros países con importante inmigración de origen europeo, ha incorporado nombres tradicionales de quesos como parte de su acervo cultural, tratándose de nombres geográficos que han perdido totalmente el carácter que define a las Indicaciones Geográficas en los tratados internacionales que rigen en la materia”, sostuvo Sarquís.
“En el marco de la importancia estratégica que tiene para el país el futuro acuerdo entre el MERCOSUR y la UE, debemos encontrar un punto de equilibrio que nos permita posicionar a nuestro sector agroalimentario como beneficiario de una mayor apertura al emblemático mercado europeo, procurando evitar que algunos sectores de su complejo agroalimentario impongan su posición proteccionista en perjuicio de nuestros productores”, agregó.
La presentación del Ministerio de Agroindustria bonaerense en defensa de la continuidad en el uso de nombres tales como Fontina, Gruyere, Parmesano, Reggiano, etc., reconocidos por el Código Alimentario Argentino, se inscribe en el llamado a consulta pública realizado a través de la Resolución N° 319/2017 del Ministerio de Agroindustria de la Nación, que convoca a toda persona humana o jurídica que invoque un interés legítimo, a terceros países y a gobiernos provinciales a manifestar su oposición a la protección propuesta mediante una presentación debidamente fundada.
