Organizaciones no gubernamentales y cátedras universitarias de medicina solicitaron a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, que derogue una resolución que regula las fumigaciones con agroquímicos en la provincia, por considerar que la norma no precisa las distancias mínimas e incluye terrenos linderos con poblados y escuelas, según informó Télam.
La norma objetada es la resolución 246/18 del Ministerio de Agroindustria bonaerense, que comenzó a regir este mes, y que establece que aquellos que deban fumigar lotes linderos a “zonas de amortiguamiento” deberán contar con “la presencia del profesional interviniente que determine las previsiones a tener en cuenta al inicio y durante la aplicación”, pero no precisa distancia alguna respecto a poblados y escuelas, detalla el cable de la agencia de noticias.
La resolución en cuestión define que deberán considerarse las siguientes “zonas de amortiguamiento”: área de población dispersa, área urbana y residencial extraurbana, campo de bombeo o batería de pozos (perforaciones utilizadas para la explotación del recurso hídrico subterráneo cuyo fin es el abastecimiento público) y zonas contiguas a los cuerpos o cursos de agua que no forman parte del lecho del mismo.
“La aplicación de fitosanitarios dentro de la zona de amortiguamiento contigua a establecimientos educativos, cualquiera sea la modalidad de aplicación, deberá efectuarse fuera de horario escolar”, determina la norma según publicó Télam.
La presentación elevada a la mandataria bonaerenses -concretada a través del envío de una carta con la firma de más de 320 organizaciones de la sociedad civil, sindicales y partidarias, cátedras universitarias, institutos de formación y escuelas – rechaza esa resolución por entender que “se autorizan las fumigaciones indiscriminadas, sin ningún tipo de limitaciones”.
“Dicha resolución es contraria a la protección de la vida y la salud de todos los habitantes de la Provincia de Buenos Aires. Es por ello que solicitamos su intervención a fin de que la Resolución 246 MAGP y los convenios firmados por varios municipios de la provincia adhiriendo a la misma, sean dejados sin efecto con la mayor celeridad posible”, sostienen en la nota.
La carta lleva las firmas de Miriam K. de Gorban, coordinadora general de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina de la UBA; Jorge Picorelli, de Paren de Fumigarnos y Soledad Arenaza, de la ONG MAR, entre otros.
