La Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (ACNOA) se sumó al rechazo formulado por las entidades rurales en contra de la resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) que impuso el pago de un bono de fin de año de $ 50.000 a todos los trabajadores rurales.
En rigor, lo que definió la CNTA fue sumar un pago de $ 26.000 a los $ 24.000 que estableció por decreto el Gobierno nacional.
La primera consecuencia fue la decisión de la Mesa de Enlace y de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) de presentar un recurso administrativo ante el Ministerio de Trabajo para que se reconsidere esta decisión.
Ahora ACNOA expresó su “total desacuerdo” al respecto y anticipó que podría recurrir a la Justicia para frenar este bono extraordinario.
“Estas decisiones fueron adoptadas de manera unilateral, sin ninguna participación de los sectores obligados al pago y en el marco de paritarias cerradas, en un claro desconocimiento de disposiciones constitucionales y alterando el esquema de la legislación laboral vigente”, consideró.
Cabe recordar que las entidades del campo denunciaron que el bono fue decidido en un acuerdo entre el Gobierno y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), pese a que desde el sector privado se insistió en que es imposible afrontar estos pagos en el contexto actual de sequía que viven todas las economías productivas del interior del país.
EL PANORAMA EN EL NOA
Desde ACNOA sumaron al respecto como un antecedente a tener en cuenta que el Gobierno de Tucumán declaró la emergencia agropecuaria por 365 días el 5 de octubre pasado, para las actividades de producción de limón y productos industriales, como así también para los viveros cítricos.
Esto, para los productores citrícolas, es una muestra de la “imposibilidad de afrontar pagos extraordinarios que no se corresponden con la situación económica y financiera que afronta nuestro sector”.
La Asociación remarcó además que desde hace cuatro años “se han generalizado quebrantos económicos en el sector”, que se profundizaron en 2022 cuando hubo que desperdiciar 300.000 toneladas de fruta y también recurrir a una “erradicación forzosa” de más de 6.500 hectáreas de limón (el 12% de la superficie total) por su baja productividad.
En tanto, para 2023, reafirmó “la imposibilidad de afrontar los costos de explotación de otro sinnúmero de hectáreas, con la pérdida de numerosos puestos de trabajo”.
A LA JUSTICIA
“Por lo expuesto, el cuadro de situación nos impide aumentar costos a nuestros ya desequilibrados esquemas productivos, y por ello manifestamos públicamente nuestra posición ante estas disposiciones, la cual es la imposibilidad material de cumplimiento de nuestro sector y la adhesión explícita a los reclamos que desde las diferentes entidades empresarias que nos representan en la mesa de enlace de la CNTA se están efectuando en contra de estas medidas”, enfatizó ACNOA.
Y cerró advirtiendo que, si se mantiene la obligación de pagar estos adicionales, recurrirá a la Justicia: “Nuestros asociados se reservan sus derechos de oponerse administrativa y judicialmente al contenido de estas resoluciones”.
