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Biocombustibles: Córdoba aprobó la ley de promoción para la producción, desarrollo y consumo

La Legislatura provincial sancionó el proyecto, que contempla beneficios fiscales y la migración progresiva de ese combustible en las actividades productivas, transporte y flotas de automóviles públicos, entre otros usos.

infocampo

La nueva ley de Promoción y Desarrollo para la Producción y Consumo de Biocombustibles y Bioenergía ya es un hecho en Córdoba.

Este miércoles, la Legislatura provincial aprobó el proyecto, que contempla beneficios fiscales y la migración progresiva de ese combustible en las actividades productivas, transporte y flotas de automóviles públicos, entre otros usos.

El objetivo, según afirman desde el gobierno cordobés, es “industrializar los procesos y cadenas de valor de biomateriales, generando empleo sustentable, resolviendo pasivos ambientales y apostando a la innovación tecnológica e investigación asociadas a la bioeconomía del conocimiento”.

En tanto, también se busca la consolidación de la producción de biocombustibles, la transformación sustentable y sostenible, entre otros, de la biomasa y sus derivados, como biofertilizantes, biomateriales, biofármacos y bioinsumos.

Asimismo, la iniciativa apunta a fomentar la asociatividad público-privada en la ejecución de proyectos conjuntos y promover la utilización masiva de biocombustibles y bioenergías en una amplia gama de áreas que incluye a las flotas oficiales de vehículos del sector público provincial. Y se extenderá a las localidades que adhieran a la ley, a las actividades industriales y de servicios, el transporte de cargas en general, la recolección de residuos sólidos y el transporte público de pasajeros, entre otros.

La medida establece que los organismos del sector público financiero y no financiero deben presentar un plan progresivo de migración de uso de un tipo de combustibles en un plazo de 180 días, en el marco de la transición de los combustibles fósiles a aquellos obtenidos a partir de biomasa vegetal, la norma establece que los organismos del sector público financiero y no financiero deben presentar, en el plazo de 180 días, un plan progresivo de migración de uso de un tipo de combustibles.

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