Fabricantes y distribuidores de envases apoyaron la normativa del Ejecutivo pero plantearon una serie de modificaciones, relacionadas a la necesidad de que exista un marco regulatorio para el tratamiento de envases residuales de agroquímicos, que serán remitidas al Ministerio de Agricultura para su consideración.
El proyecto de ley, impulsado por el Poder ejecutivo que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios tuvo el visto bueno de los asesores y especialistas, en términos generales, pero sugirieron introducir algunos cambios.
Representantes de la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA) sostuvieron que hoy en día “el plástico no es trazable y no se conoce su utilización y destino”. Insistieron en que la responsabilidad de gestión tiene que englobar a toda la cadena de comercialización y propusieron introducir en el glosario algunos términos como “gestión diferenciada”, “responsabilidad extendida y compartida” y “transporte habilitado”. Pidieron también que la ley mantenga el tránsito interjurisdiccional.
En cuanto a la división de los envases, los representantes de CIAFA coincidieron con los tipo “A” sometidos al sistema de triple lavado; no en tanto con los categorizados como clase “B”, que no tienen tratamiento de reducción de residuos, e insistieron en seguir considerándolos peligrosos y tratándolos en el marco de la ley 24.051, de Residuos Peligrosos.
Desde la Cámara objetaron el tiempo estipulado para que las empresas se anoten como registrantes: será de 90 días corridos a partir de la publicación de la norma y luego tendrán 270 días para adecuar su gestión al nuevo sistema. Asimismo, plantearon un cambio en las sanciones si no se ajusta en el periodo preestablecido.
Con respecto al transporte de los envases, apoyaron que el usuario no requiera habilitación específica para trasladar los recipientes al CAT. Pero a la hora del traslado entre el Centro de Acopio al operador, consideraron quem si ha pasado por el triple lavado “debería aplicarse el mismo procedimiento que al tipo A, y si no deberían ir a disposición final”.
Dentro de las funciones de la autoridad de aplicación, reiteraron que deberían colaborar con los programas de gestión para establecer relaciones con las provincias, que son las autoridades competentes a través de sus órganos e interactuar con los municipios. Por último observaron la dificultad de devolución al año de haber comprado el recipiente.
A su turno, desde la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE) se alinearon con la positividad de reformar el sistema vigente con una ley y resaltaron la urgencia de un compromiso por parte de todos los actores involucrados.
Entre sus matices, está la cuestión que el productor/aplicador no debe recorrer más kilómetros para devolver un bidón vacío que para adquirir uno nuevo. Acompañaron a los fabricantes, en la desclasificación e interjurisdiccionalidad “para darle vida al traslado del bidón”.
En cuanto al esquema de recolección y clasificación primaria de los envases, piden que sea coordinado por personas o entidades locales de las cercanías de los CAT, como serían representantes regionales, distribuidores o las municipalidades. Sin eximir de responsabilidad a los registrantes sobre la autoría del sistema, y con la colaboración técnica y económica.
Mantuvieron que el proyecto no acerca herramientas suficientes al registrante para aplicar sanciones a los productores. Y dijeron que los envases tipo “B” deberían ser transportados por un canal distinto.
Santiago Ballesty, administrador de la Cámara Empresaria de Distribuidores de Agroquímicos, Semillas y Afines bonaerense, sumó que el Senasa tiene que completar la falta de trazabilidad y rechazó la fiscalización por parte de los privados.
Por último, la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA) también estuvo presente en la reunión y acompañó la iniciativa del Poder Ejecutivo.
En principio, el tratamiento está acordado en asesores y el proyecto tendrá el proceso normal de tratamiento. Dentro de las dos próximas semanas puede ser dictaminado por los senadores. En teoría, para mediados de julio podría llegar al recinto, pero puede demorar su curso, ya que las sesiones están siendo alteradas por las elecciones.
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