Las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Justicia y Asuntos Penales y Presupuesto y Hacienda dieron el visto bueno al proyecto que busca cambiar el sistema de fiscalización estatal a uno de control público, a pesar que asesores habían acordaron dejar en estudio la iniciativa.
Además, declara de interés nacional la sanidad animal y vegetal, la prevención, control y erradicación de enfermedades y plagas que afectan la producción agropecuaria y forestal de la Argentina y a la inocuidad y calidad de producción primaria y los agroalimentos. A la vez que determina el estatus jurídico, formaliza las competencias y establece los mecanismos adecuados para su financiamiento.
La iniciativa del Gobierno Nacional pretende también fortalecer el estatus jurídico el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), formalizar sus competencias y establecer los mecanismos adecuados para su financiamiento.
En la actualidad, el Organismo responsable de garantizar y certificar la sanidad y calidad de la producción agropecuaria, pesquera y forestal inspecciona, fiscaliza y certifica productos por más de 30.000 millones de dólares al año, al tiempo que emplea a 5.984 agentes, distribuidos en 290 unidades con presencia en todo el territorio nacional.
Durante los debates en Comisión, autoridades del SENASA defendieron el proyecto en el que prevalece el control público, sobre el control directo por parte del Estado. Además el proyecto modifica la responsabilidad primaria, hoy en manos del Estado, a manos del productor.
El proyecto, que podrá obtener la media sanción en la próxima sesión, fue anunciado por el ex jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich, durante un acto celebrado en el salón Mujeres Argentinas de la Casa Rosada, junto a los ministros de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carlos Casamiquela; y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Carlos Tomada.
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