Los bosques nos proporcionan elevados beneficios, tanto ambientales como también económicos. Sin embargo, es sabido que desde hace varios años, se está haciendo un uso “desmedido” de los recursos arbóreos, provocando consecuencias muy graves para el ambiente.
Al poder lograr obtener productos indispensables para nuestra supervivencia, como alimentos vegetales y animales, maderas, y más, es fundamental realizar un manejo de extracción adecuado.
Aquí es donde interviene Greenpeace, la reconocida organización ambiental que busca proteger los ecosistemas de quienes quieren sacarle provecho para un beneficio propio y puramente económico, sin evaluar los resultados.
“En nuestro país, las inundaciones son cada vez más frecuentes, agravadas por el desmonte que hace desaparecer a los bosques nativos, nuestro paraguas y esponja naturales”, manifestó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace.
Durante 2018, se deforestaron 112.766 hectáreas en las provincias de Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco. Casi el 40%, tuvo lugar en bosques protegidos por la Ley de Bosques (clasificados en las Categorías I Rojo y II Amarillo), alcanzando las 40.965 hectáreas, equivalente a dos veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires.
Sin embargo, desde la organización aseguran que la provincia con mayor deforestación fue Santiago del Estero con 34.751 hectáreas, de las cuales 23.910 hectáreas eran bosques protegidos.
En un segundo lugar se encuentra Chaco, la provincia que más superficie destruyó, considerando los últimos tres años. En esta provincia, se deforestaron 33.972 hectáreas, de las cuales 14.744 hectáreas eran bosques protegidos.
Según el informe de Greenpeace “Desmontes SA Parte 4”, entre 2016 y 2017, Chaco fue la provincia con más desmontes del país con 72.536 hectáreas, de las cuales 40.756 fueron en zonas protegidas.
Por ultimo, recordar que la organización, por los desmontes en esta provincia, denunció la complicidad entre el gobierno provincial y los grandes empresarios agropecuarios para deforestar en zonas prohibidas por la normativa nacional, ya que se había autorizado de manera irregular el desmonte en una superficie de 51.768 hectáreas.
Si bien el gobernador emitió un decreto para derogar permisos de desmontes sobre bosques nativos protegidos, la ONG reclamó que no fue cancelada la ejecución de los permisos ya otorgados y que tampoco se ha dispuesto un plan de reforestación para los desmontes realizados de manera ilegal.
