El equipo técnico de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, presidida por la oficialista santiagueña Ana María Corradi de Beltrán comenzó a analizar un proyecto de ley para regularizar la situación previsional de los trabajadores agrarios.
Esta iniciativa abre una “ventana” por el período de dos años para que aquellos trabajadores rurales que estando en edad de jubilarse no puedan probar los años de aportes puedan, con sólo certificar ante el RENATEA su condición de peón rural, acogerse a una moratoria que le permita cancelar la deuda previsional -de los años sin aportes- en cuotas mensuales que se descuenten de su haber jubilatorio.
Se trata de una propuesta de autoría de la senadora misionera Sandra Giménez (FPV-PJ), el cual establece un régimen especial de regularización de los aportes previsionales de los trabajadores rurales que alcancen la edad jubilatoria y no completen la cantidad de años de aporte exigidos por el sistema previsional.
El beneficio creado por el proyecto tiene carácter excepcional y su duración es de dos años; plazo que podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo por igual término en caso de mantenerse las circunstancias que justificaron su creación.
Según el texto, los trabajadores rurales que se acojan al régimen, podrán solicitar como deuda exigible los años necesarios para cumplir con los requisitos previsionales.
Para la determinación de la deuda se deberá tener en cuenta la categoría mínima obligatoria en la que debió encuadrarse el trabajador rural, el valor del aporte personal vigente, para la respectiva categoría.
Si bien los especialistas ponderaron la iniciativa como una forma “valiosa” para combatir el trabajo en negro en el ámbito agrario, la redacción del texto -donde se indica que el trabajador se deberá “hacer cargo” de la deuda del empleador- recibió algunas críticas. Esto motivó la decisión de regresar el proyecto al despacho de la senadora Giménez, a fin de revisar esta expresión.
Según los fundamentos, el régimen de regularización constituye “el reconocimiento de un derecho fundamental para con un sector de los trabajadores que ha sido históricamente sujeto de la informalidad”.
Este proyecto es una adaptación del mecanismo de regularización previsional a la particularidad del trabajo agrario, reconocida en la necesidad de un régimen de trabajo y certificación laboral especial establecidos en las Leyes Nº 26.727 y 25.191, respectivamente.
“Lamentablemente el trabajador rural es víctima de la informalidad laboral. Como representante de una provincia con un alto nivel de empleo rural, especialmente en economías regionales no puedo negarlo y más aún me veo obligada a presentar alternativas para paliar la situación desde mi responsabilidad como legisladora nacional”, expresa la misionera.
“No podemos castigarlos por las infracciones de sus empleadores o la inacción del Estado en el pasado. Debemos contenerlos y asegurarles el acceso al sistema de seguridad social, garantizando la inclusión de los más desfavorecidos estableciendo una situación de equidad inter-generacional”, justifica Giménez.
Por: Área de Actualidad de la Fundación Directorio Legislativo.
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