Mientras la mediática presentación del Plan Estratégico Agroalimentario (PEA), vacío de contenidos reales, apagó su impacto más rápido, casi una estrella fugaz, ya se disparó la instalación de un nuevo tema, tan improvisado y sin sustento como el anterior: el proyecto de ley contra la “extranjerización” de la tierra.
Del vamos nomás, el título apela a un falso nacionalismo difícil de esquivar por muchos distraídos.
Pero más allá del nombre (que, de hecho, ya fue cambiado por el mucho más ampuloso de “Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales”, aunque el que se instaló fue el primero), la lectura de la propuesta oficial, y de varias de las que surgieron inmediatamente con ella, muestra la superficialidad con la que se abordó un tema que debería ser central para un país agroindustrial/forestal como la Argentina.
Simultáneamente, deja cruelmente al desnudo la profunda ignorancia de muchos funcionarios y legisladores, no ya sobre la producción, el ambiente, el comercio, o la propiedad privada, sobre los que influiría una propuesta de este tipo, sino directamente sobre algo tan central – y no opinable – como es la Constitución Nacional.
Aparentemente para la elaboración, apelaron a la jurisprudencia de varios países, aunque parece que se olvidaron de algo elemental: la legislación argentina. Es que entre otras muchas cosas, parecen desconocer que la Ley Suprema de la República determina la “igualdad de trato” para los extranjeros con los nacionales. De ahí sus posibilidades de trabajar, comerciar, estudiar o invertir.
De ahí también la Argentina…
Es que de no haber sido así otra sería la historia, pues no hubieran habido las corrientes migratorias que poblaron el país a partir de finales del siglo XIX, y durante el XX alentadas, justamente, por esa “igualdad” que consagra la Constitución, y a la que tanto gustan apelar los funcionarios populistas, que se aterran ante la sola idea de ser catalogados de “discriminadores” (y por absurdo que pueda parecer, justamente este punto habría sido el disparador del cambio de nombre del proyecto de ley).
Pero al Gobierno tampoco parece preocuparle demasiado el asunto por estos días, empeñado como está en acrecentar la imagen popular antes de las elecciones y “defender la tierra de los argentinos, para los argentinos”, parece ser un concepto lo suficientemente contundente y valedero para ese fin, aunque sea falso, erróneo en su planteo y hasta se podría decir hipócrita.
Es que mientras muchos funcionarios y legisladores ametrallan con declaraciones al respecto y transpiran buscando “adhesiones” a la propuesta oficial, la “tierra”, la verdadera, se está yendo por el drenaje sin que nadie frene el daño.
Peor aún, acelerando el proceso a partir de la propia política oficial.
Es que hoy el país repone apenas un tercio de los nutrientes que se lleva cada cosecha.
La “reina de las oleaginosas”, la soja, así como el maíz o el trigo, no se producen del aire, lo que “sacan” del suelo se va con las exportaciones por el puerto y la reposición parcial a la que se aludía, se debe a que los fertilizantes cotizan en dólares, y debido a las retenciones y otras quitas adicionales en los precios a los productores, provocada por la intervención oficial a los mercados, la famosa “renta agrícola”, es tan magra en muchas zonas que no permite fertilizar.
Igual que el tero, que para distraer grita en un lado, aunque los huevos los puso en el extremo opuesto, el Gobierno agita la bandera de la propiedad de la tierra frente a los extranjeros, mientras la pierde a raudales internamente por falta de políticas adecuadas.
Da la impresión que lo único que importa es el ingreso por retenciones de la soja (del que cada vez depende más el Gobierno), mientras hay una total indiferencia, inacción o irresponsabilidad respecto al mantenimiento del recurso. O sea, al cuidado de esa “fábrica” de granos.
Lo peor es que ese desinterés/ignorancia/desconocimiento/hipocresía alcanza también a los gobiernos provinciales y hasta a los municipales, que tampoco reclaman las correcciones a la administración central, que eviten el drenaje sin reposición de los recursos naturales (y la “tierra” es el principal), y que no parecen demasiado concientes de la hipoteca que le están endosando a sus contribuyentes.
Al igual que con la energía y los combustibles, ahora se están agotando las “reservas” del suelo.
Solo por la soja, de acuerdo a datos recientes de la Asociación Fertilizar, se “pierde” en nutrientes, el equivalente a 6 millones de toneladas/año del grano en las casi 20 millones de hectáreas que ocupa la oleaginosa.
La Argentina utilizó el año pasado apenas 3, 37 millones de toneladas de fertilizantes, sobre casi 31 millones de hectáreas de cultivo, poco más de 100 kilos por hectárea, mientras que Uruguay aplica más de 250, Brasil 300, Chile 600, Francia casi 400 y China ¡670!, según la misma fuente.
Y sobre esto nadie parece demasiado conciente ni preocupado, mientras que los principales responsables de que tal situación se agrave día a día, más vale alardean de estar haciendo leyes para “defender la tierra”… de los extranjeros…
¿No suena casi como una ironía?
*Periodista Agropecuaria
