El presidente Alberto Fernández, en una entrevista concedida a Página 12, revivió este fin de semana la posibilidad de intervenir la agroexportadora Vicentin, algo que su Gobierno intentó en 2020 y fue frenado por múltiples protestas que se realizaron en el país.
Luego de que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe le ordenara al juez Fabián Lorenzini que le remita el expediente de la convocatoria de acreedores de la cerealera oriunda de Avellaneda, Fernández consideró que “ahora en Vicentin se abre un nuevo escenario, que en 2020 no teníamos, y se da la posibilidad de una intervención que en aquel momento descarté“.
El mandatario habló de “una empresa testigo que ordene el mercado”, porque desde su opinión “en materia alimenticia tenemos que hacer algo que nos permita de algún modo intervenir para ordenar estas cosas”.
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“No se trata de la Junta Nacional de Granos, sino de buscar más herramientas. En su momento, la alternativa (de estatizar) Vicentin la descarté. En ese momento, dije lo descarto, porque era hacerle un favor a los acreedores, no a la Argentina”, continuó.
Y completó: “En el escenario actual, en el que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe ha intervenido y se podría dar la posibilidad de cramdown -una propuesta de solución de la deuda hecha por los acreedores principales, en este caso el Banco Nación-, yo dije estudiémoslo porque es posible. Lo que no es posible es esta lógica de ‘expropiemos empresas de cualquier modo’ porque después se paga lo que no corresponde. Y yo no quiero hacer eso”.
LA RESPUESTA DE VICENTIN
En este marco, la cerealera le salió al cruce a Fernández: expresó que “Vicentin no es ni puede ser una empresa testigo que ordene el mercado de granos”.
¿Por qué? Porque “es solo una (gran) empresa de molienda que transforma granos en aceite y harina. Su participación antes de la presentación en concurso nunca alcanzó el 15% del sector”, le enrostró Vicentin al Presidente.
También lo criticó por hablar de un hipotético “cramdown”, cuando la propuesta de pago de Vicentin ya tiene el apoyo mayoritario de los acreedores.
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Según la compañía, hablar de algo así es “llevar a confusión a la audiencia no especializada, puesto que ninguna de ellas (las propuestas de cramdown) explica cómo se va a financiar la actividad de Vicentin, de dónde saldrán los U$S 300 millones de capital de trabajo necesario para operar, cómo recuperarán sus acreencias los acreedores -todos, no solamente los granarios- y cómo se protegerán los 1.500 puestos de trabajo directos durante una aventura sin conducción ni capacidad financiera”.
LA INTERVENCIÓN DE LA CORTE
Bajo este panorama, Vicentin salió a hacer algunas aclaraciones respecto a la decisión de la Corte Suprema santafesina y su opinión de la marcha de la convocatoria de acreedores, que se copian a continuación:
“En relación con las informaciones que han circulado, vinculadas primeramente con una decisión de la Corte Suprema de Santa Fe que implicaría la suspensión de los plazos del proceso en instancias decisivas para la salida ordenada del trámite concursal, y en segundo lugar a las declaraciones presidenciales publicadas en la prensa relativas a la conveniencia de contar con “una empresa testigo que ordene el mercado”, el Directorio de Vicentin S.A.I.C. manifiesta:
- Que ratifica su confianza en las instituciones -en especial en la justicia provincial- y que aguarda con expectativa la reanudación de los plazos procesales a fin de terminar la acreditación de las conformidades requeridas por la Ley de Concursos y Quiebras para alcanzar un Acuerdo con sus legítimos acreedores;
- Que la suspensión de plazos se ha ordenado en vísperas de la Audiencia Informativa establecida por la ley concursal, fijada para el día Miércoles 22 de Junio a las 17.30h, en la que Vicentin S.A.I.C. debía brindar explicaciones respecto de la negociación llevada a cabo con sus acreedores, especialmente cómo iba a alcanzar las mayorías de ley dentro del plazo del período de exclusividad, y los asistentes podían formular preguntas sobre la propuesta;
- Que hasta la fecha, el proceso concursal ha discurrido, más allá de las dificultades propias de la envergadura e impacto de dicho proceso, de manera transparente, con la activa participación e involucramiento de todas las partes y bajo una rigurosa supervisión tanto del juzgado, como de la sindicatura y de los interventores actuantes impuestos por el propio juzgado;
- Que la propuesta -que a la fecha cuenta con el apoyo de más de 1.000 acreedores- tiene posibilidades concretas de alcanzar la declaración de “Existencia de Acuerdo”;
- Que esta propuesta, creíble, sustentable y autosuficiente, es la única alternativa concreta que permite a los acreedores de la Sociedad recuperar sus acreencias en los términos aceptados por las mayorías de ley;
Por todas estas razones, esperamos poder terminar en el tiempo previsto la reorganización final de la Sociedad y comenzar con los pagos lo antes posible, lo que permitirá superar definitivamente esta etapa tan difícil y continuar operando de manera segura y confiable hacia un futuro sustentable”.
