A finales de 2014 el Ministerio de Agricultura de la Nación presentó en el Senado dos de los proyectos de ley que había anunciado que enviaría -la creación del Instituto Nacional de la Carne y el ordenamiento de la producción acuícola- y un tercero que fija presupuesto mínimos de protección ambiental para la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios. Se espera que en el nuevo período legislativo la comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca les de tratamiento a las normas.
La primera iniciativa establece presupuesto mínimos de protección ambiental para la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios. Esta ley tiene por objetivo la regulación de los envases vacíos de fitosaniarios generados en el territorio nacional. Estos son de dos tipos: aquellos que pueden ser sometidos a la técnica de reducción de residuos y los que no. En tanto, se busca garantizar que el material recuperado no implique riesgos para la salud humana o animal y del medio ambiente.
La ley reconoce una serie de principios rectores como los de responsabilidad extendida y compartida según la cual existe una responsabilidad primaria de los registrantes de fitosanitarios por la gestión integral y su financiamiento respecto de los envases contenedores de los envases de fitosanitarios puestos por ellos en el mercado nacional y sus consecuentes envases vacíos. En tanto se fijan otras responsabilidades que serán compartidos por todos los eslabones de la cadena en tres etapas: del usuario al Centro de Almacenamiento Transitorio (CAT); del CAT al operador; y del operador a la industria.
El proyecto además promueve un tránsito interjurisdiccional sin restricciones por parte de los Estados federales y la creación de un Sistema de Trazabilidad a los efectos de llevar a cabo un monitorio constante de los sistemas de control. A su vez, la Autoridad de Aplicación – que será el Ministerio de Agricultura y la Secretaría de Ambiente y desarrollo Sustentable- contará con la asistencia de un Consejo Consultivo integrando por las autoridades del Estado Nacional y el sector privado del sector.
El segundo proyecto modifica el actual Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) para profundizar el trabajo sobre el consumo diversificado de las carnes, creando así al Instituto de Promoción de la Carne Argentina (IPCA).
Según los fundamentos, Argentina es el país que más carne per cápita consume en el mundo y en los últimos diez años se pasó de consumir 85 kilogramos de carne por persona por año a 120 kilogramos. Si bien el consumo de vacunos continúa encabezando el listado con 58 kg, las carnes alternativas continúan mostrando un crecimiento sostenido:
Uno de los objetivos es incluir en las cadenas productivas de carnes como la aviar, la porcina, la ovina, la caprina y de las provenientes de la pesca y la acuicultura. El proyecto busca también concientizar sobre los beneficios del consumo diversificado de proteínas cárnicas en materia de salud.
Por su parte, con la instrumentación del IPCA, cambiará la conformación actual de la Asamblea de Representantes, la cual estará compuesta por 18 miembros. Por su parte, el Consejo de Representantes (órgano de dirección del IPCA) cambia su composición (8 miembros). La presidencia del Consejo será ejercida por quien el representante del Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca y la vicepresidencia alternadamente por uno de los representantes del sector privado. El voto del presidente es doble en caso de empate.
Por último, el tercer proyecto establece reglas de desarrollo sustentable para la producción acuícola. El desarrollo de esta actividad demanda gran cantidad de mano de obra (en promedio 12.000 productores de “pequeña escala” y diversificación agraria), lo que a futuro se traducirá en el desarrollo de las economías locales. El texto fija como necesario: dotar a la actividad de un marco regulatorio y de promoción que le permitirá acceder a crédito – y otros instrumentos- y a potenciales mercados externos; promover el agregado de valor en origen de la producción; promover su crecimiento y desarrollo armónico y prever un fondo específico para el financiamiento de emprendimientos productivos.
Por Directorio Legislativo.
