Pese a que se dio de baja la prohibición para comercializar agroquímicos, en La Pampa continúa la preocupación por parte del sector productivo en relación al tema.
Es que a principios de febrero ingresó a la Cámara de Diputados provincial el proyecto del oficialismo para reemplazar a la ley 1173. Se trata de la ley de Gestión Integral de Plaguicidas, que actualmente está en tratamiento y que prevé una restricción de 3.000 metros de distancia de los centros urbanos para aplicaciones aéreas y de 500 metros para las terrestres.
En ese marco, las cámaras que nuclean a productores, propietarios de maquinarias agrícolas e ingeniería agronómica presentaron una contrapropuesta que ya les llegó a los diputados y que plantea una serie de reformas en relación a la iniciativa oficial.
El punto central del debate tiene que ver con esas distancias de aplicación, que según los cálculos de las entidades dejan 209.267 hectáreas sin producir en el caso de las aéreas – lo que equivale a un departamento provincial entero– y 34.878 hectáreas sin producir en el caso de las terrestres.
“Tales distancias no parecen responder a criterios científicos, sino que parecen ser una respuesta a las demandas infundadas de los grupos más extremistas en estos temas. A nuestro criterio, la salud de la población deberá ser fundamental en cualquier análisis. Pero la misma se logrará con un sistema de riguroso control, capacitación y sanción de aquellas personas o empresas habilitadas para la aplicación de agroquímicos”, señalaron Federación Agraria Argentina (FAA), la Sociedad Rural de General Pico (SRGP), la Cámara de Propietarios de Maquinarias Agrícolas de La Pampa (Caproma) y el Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica (CPIA).
Para las entidades – que además pidieron incluir a las Buenas Prácticas Agrícolas en la normativa – con esta medida se crearán “enormes superficies improductivas con el consecuente daño económico a privados y a la comunidad en general, incluyendo el erario público, y planteará serios riesgos a la salud humana por la proliferación de insectos y plagas“.
Las pérdidas, en números
De acuerdo a un análisis que le enviaron a Infocampo, los productores prevén significativas bajas en materia económica si sale la ley del gobierno.
Solo para la prohibición de los 500 metros, esperan una caída total en la facturación de $ 2.604.931.953, con 131.664 toneladas menos y 4.487 viajes menos en camión. En tanto, anticipan una pérdida de 137 empleos directos. Sumando impuestos, tasas y demás gastos, el impacto total en la provincia sería de $38.373.72.
El proyecto del sector productivo
La propuesta que las entidades presentaron en Diputados establece una prohibición absoluta de 0 a 100 metros de la zona urbana definida claramente por cada municipio y exige autorización para aplicaciones terrestres de 100 a 500 metros de productos clase (banda verde y azul), con fiscalización municipal por técnico contratado de forma permanente o puntual y bajo receta de aplicación del asesor fitosanitario.
De 500 metros en adelante, proponen pedir autorización general para aplicaciones terrestres, siempre respaldadas por una receta agronómica. Asimismo, las aplicaciones aéreas deberán contar con autorización a partir de los 1000 metros.
“Todas las aplicaciones que deban ser fiscalizadas por la autoridad municipal deberán realizarse
con la dirección del viento procedente del casco urbano, respetando los límites máximos que
permitan una correcta aplicación”, señala el proyecto, que se dividiría por apartados. Por un lado, plantea a los “agroquímicos” o “fitosanitarios” en el ámbito rural, y por otro a los “domisanitarios” o “plaguicidas urbanos” en relación al uso doméstico y urbano.
Localidad por localidad, las hectáreas prohibidas según cálculos de FAA, Caproma, SRGP y CPIA
