Un 4 de marzo de 2002 fue una fecha que quedó grabada en el sector agropecuario argentino: fue el día en que el Gobierno nacional reimplementó las retenciones, como un “impuesto transitorio, con el objetivo de asistir a los sectores más desprotegidos”, según señaló el decreto que las reimpuso.
La Sociedad Rural Argentina (SRA) elaboró un comunicado para recordar esta fecha y mencionar que es “un tributo que, en ese momento, fue aplicado como algo ‘excepcional’, pero que sigue vigente hasta la actualidad y lo peor aún, poniendo un freno al desarrollo no solo del sector sino también del país”.
De acuerdo con un cálculo de la SRA, en estos 21 años, los productores transfirieron en concepto de retenciones al fisco más de U$S 175.000 millones.
Pero pese a semejante chorro de divisas, la pobreza no bajó, sino que se incrementó: en 2001 afectada a 16,5 millones de personas, y en 2022 ya impactaba en 20,2 millones.
“Además, el último censo agropecuario determinó que hay 70 mil productores menos. Pasaron de 297.000 a 227.000 en dicho período”, subrayó la SRA.
DINERO MAL GASTADO
Según la Sociedad Rural, “ese dinero podría haber sido destinado a hospitales, escuelas, infraestructura, atención a la población, pero esto no sucedió: se repartieron subsidios en vez de promover la cultura del trabajo y la productividad”.
“En estos momentos, en donde la sequía pega fuerte, las retenciones ponen a los productores al límite de la sustentación económica ya que se aplica la alícuota directamente al precio de mercado o de venta de los productos”, continuó la entidad.
Y remató: “En este año electoral, les solicitamos a todas las fuerzas políticas que nos digan qué van a hacer con este impuesto cuando les toque gobernar, ya que es imposible concebir el futuro del país que no contemple al campo en el centro de la ecuación económica”.
