“Confiamos que los Sres. Diputados tienen la oportunidad de legislar con miras al futuro del país, y transformarnos en el Semillero Tecnológico del Mundo” dijo hoy Alfredo Paseyro, presidente de la Asociación Semilleros Argentinos, durante su presentación realizada en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. Además señaló que “la industria semillera espera una nueva Ley de Semillas que permita contar con un marco regulatorio moderno, que brinde previsibilidad a toda la propiedad intelectual contenida en la creación de nuevas variedades”.
Paseyro explicó a los Diputados, que la industria se encuentra seriamente afectada por un mercado de semilla fiscalizada que “mientras para semillas como el maíz y el girasol es del 100%, en el caso de las semillas como la soja, el trigo, la papa, el algodón, el arroz, la avena, el poroto, el lino y el maní, oscila entre el 5% y el 20% en la mayoría de los casos, y solo en el trigo y el maní es de apenas un 30%”. Concretamente en el caso de la soja, señaló que se pasó de un mercado de fiscalizada de casi el 50% en el 97/98 a menos del 15% hoy”. Y explicó que esta es la principal razón por la que desaparecieron la mitad de los semilleros obtentores y de los multiplicadores en las últimas dos décadas. “Si se mantiene esta tasa, el mejoramiento vegetal estará supeditado a la importación de variedades”, advirtió.
“Las consecuencias de seguir operando con una Ley que tiene más de 40 años y sin contar con ninguna solución lógica para resolverlo, son que bajo el marco actual un productor que adquiere 2 bolsas de semillas fiscalizada para sembrar 1 hectárea de soja en el 2016, podría sembrar 1.360 has en el 2018, sin necesidad de comprar ninguna bolsa”. Lo más dramático de esta situación, señaló, es que por cada punto porcentual que se incrementa el uso de semilla fiscalizada, se generan 850 nuevos puestos directos de trabajo; y con el marco actual esto no se logra. Lamentó además que por el momento no se prevén nuevos lanzamientos de tecnologías incorporadas a las semillas en soja, lo que afecta seriamente la competitividad de la agricultura argentina.
En este sentido, Paseyro defendió el proyecto presentado por la industria de semillas, que contempla el Uso Propio Oneroso, el Pago en cada uso de la variedad protegida, y no establece ningún mecanismo de fijación de precios. Y destacó la necesidad de contar con un marco de control eficiente (Ley 24.425) público-privado.
Finalmente, el Gerente General de ASA señaló la preocupación quecomo empresas argentinas, las semilleras tienen en relación a algunos de los proyectos presentados para modificar la Ley de Semillas, particularmente el del Poder Ejecutivo, ya que genera intervención estatal en las relaciones contractuales entre empresarios (productores y semilleros), cuestionando derechos adquiridos por Tratados Internacionales ratificados por el país y estableciendo un “orden público” no razonable para cuestiones comerciales.
“Este tipo de Proyectos, así como otros que fijan techos en precios de las tecnologías o excepciones extensas a múltiples productores, solo logran poner en riesgo el futuro del país como Semillero Tecnológico del Mundo y nos exponen a un apagón tecnológico que nos desacopla de la región y del resto de los mercados”.