La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) presentó hoy un nuevo proyecto de cooperación técnica que apoyará a once países de América Latina y el Caribe a acabar con la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
“La pesca ilegal no sólo amenaza la seguridad alimentaria y la sostenibilidad y conservación de los recursos pesqueros, sino también el bienestar económico de dos millones de personas que dependen de la pesca como su medio de subsistencia”, explicó Tito Díaz, Coordinador Subregional de la FAO para Mesoamérica.
El proyecto permitirá a Belice, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana dar pasos coordinados hacia la eliminación de la pesca ilegal, fortaleciendo sus mecanismos de control y las instituciones del sector.
También fortalecerá los procedimientos de vigilancia, monitoreo y control de la pesca, permitiendo contribuir a la mejor gestión sostenible de recursos pesqueros.
Zuleika Pinzón, Administradora de la Autoridad de Recursos Acuáticos y Pesqueros de Panamá destacó que con el apoyo de FAO los países de la región avanzarán para alcanzar una de las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que establece que antes del año 2020 se debe reglamentar la explotación pesquera y poner fin a la pesca ilegal y las prácticas de pesca destructivas.
“Luchar contra la pesca ilegal permite conservar los ecosistemas marinos a través de una adecuada gobernanza y garantizar que las generaciones futuras puedan contar con los productos de la pesca para su seguridad alimentaria”, explicó Díaz.
Además, la FAO ayudará a los países a implementar el Acuerdo sobre las Medidas del Estado Rector del Puerto, el primer tratado internacional vinculante que busca acabar con la pesca ilegal, que ya ha sido ratificado por cinco países de la región y entró en vigencia este año.
El impacto de la pesca ilegal
Según la FAO, la pesca Ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) representa la mayor amenaza para la sostenibilidad de los recursos pesqueros a corto, mediano y largo plazo.
Aunque actualmente no existen datos regionales sobre el impacto de la pesca ilegal, pero a nivel global se estima que la pesca INDNR sustrae 26 millones de toneladas al año, valoradas en aproximadamente 23 mil millones de dólares, lo que equivale aproximadamente al 15% de la producción mundial registrada.
Mientras el valor de las exportaciones mundiales de peces ascendió a 148 mil millones USD (2014), se cree que el valor de la pesca INDNR alcanza un equivalente de entre el 7 % y el 16% del monto total de exportaciones.
Además de las consecuencias económicas de la pesca ilegal, esta también tiene efectos sociales, ya que al disminuir el volumen de biomasa en las zonas pesqueras administradas se pone en riesgo los medios de vida de los pescadores y de otros actores del sector pesquero, agravando la pobreza. Según la FAO, en América Latina y el Caribe, más de 2 millones de personas dependen directamente de la pesca como medio de vida.
Además, la pesca ilegal aumenta la inseguridad alimentaria, ya que el pescado representa el 17 % de la ingesta total de proteínas de origen animal a nivel global, y la pesca INDNR contribuye a la eventual sobrexplotación de diversas especies marinas que constituyen parte de la dieta de millones de personas.
La pesca INDNR no permite tener una evaluación fiable sobre las poblaciones de peces, un aspecto clave si se considera que cerca del 31,4 % de las poblaciones de peces están sobreexplotadas y el 58,1 % están plenamente explotadas.
La pesca ilegal a pequeña y gran escala en América Latina
De acuerdo a la FAO, en general en América Latina y en las zonas económicas exclusivas de los países que la integran, la pesca ilegal se combate con vigilancia directa de las fuerzas armadas y de las autoridades pesqueras.
Al presentar el nuevo proyecto, Alejando Flores, Oficial de Pesca y Acuacultura de la FAO, explicó que la pesca ilegal tiene dos componentes: una es de gran volumen y se practica en aguas internacionales con embarcaciones de gran autonomía y capacidad de bodega, que no se declara ni se registra deliberadamente. La otra es furtiva y se realiza en aguas territoriales de los países, alcanzando volúmenes muy importantes pero actualmente desconocidos.
La pesca furtiva es un fenómeno creciente que tiene un impacto importante en la sostenibilidad de los recursos pesqueros a escala local y nacional. Se estima que la pesca furtiva puede superar, en ciertos países, hasta el 100% del volumen legalmente permitido de captura para una pesquería.
“Ambas formas de pesca ilegal tienen efectos muy negativos pues no permiten generar medidas seguras de manejo de los recursos pesqueros. Se trata de comida que no llega a los comunidades costeras, por ser capturados en alta mar de forma ilegal, lo que impacta directamente la seguridad alimentaria”, explicó Flores.
Según el experto de la FAO, las prácticas de pesca furtiva, además de no formar parte de la economía formal, impiden generar un panorama claro del estado de explotación de los recursos pesqueros.
¿Cómo combatir la pesca ilegal?
El Acuerdo sobre las Medidas del Estado Rector del Puerto busca combatir ambos tipos de pesca ilegal a través de medidas prácticas de inspección que aseguran la procedencia legal de los productos pesqueros.
Según el acuerdo, un buque extranjero que solicita hacer uso de un puerto en un país que ha firmado el acuerdo deberá someterse a la revisión de su carga de productos pesqueros, para comprobar que las zonas, equipo de pesca, volúmenes de captura y especies han sido autorizadas.
De igual forma, existe la obligación de informar si ha o le han efectuado transbordos de producto en alta mar, además de contar con documentación relativa al pabellón y el registro de embarcación en cumplimiento con los acuerdos internacionales. Si no se cumplen estos requisitos el país tiene derecho a negar el uso del puerto, alertando a las autoridades y organizaciones regionales de ordenación pesquera.
En América Latina existen 5 países que han ratificado su adopción y que en consecuencia aplican estas medidas, mientras otro grupo importante de países de la región están en el proceso de ratificación. A nivel global el acuerdo cuenta ya con la adhesión de más de 30 países, así como de la Unión Europea en nombre de sus 28 Estados miembros
