El Gobierno nacional anunció este jueves una medida que busca facilitar los medios para que las empresas agroindustriales que realizan exportaciones puedan cumplir con lo requerido por los mercados externos y fortalecer su inserción internacional.
Concretamente, mediante la Resolución Nº 50/2024 publciada en el Boletín Oficial, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca creó el “Directorio de Esquemas de Diferenciación Agroindustriales”.
¿Qué es? Una iniciativa de carácter voluntario, con el fin de facilitar el acceso a distintas fuentes de información pública por parte de quienes desarrollen esquemas de diferenciación que permitan dar cumplimiento a estándares y normativas internacionales, facilitando así el proceso exportador.
El ejemplo utilizado por Agricultura fue precisamente el reglamento europeo antideforestación, que ha venido causando polémica en los últimos meses, y que en las últimas horas la Comisión Europea dijo que se prorrogará su aplicación, lo que generó el beneplácito de las cadenas agroindustriales y las entidades rurales, y del propio Gobierno.
EXPORTACIONES “DIFERENCIADAS”
“Todas las personas jurídicas que desarrollen esquemas de diferenciación que formen parte del Directorio -como asociaciones, cámaras, cooperativas, certificadoras, entre otras- tendrán la posibilidad de acceder a información pública en un formato accesible, generado con el nivel de desagregación que requiera la norma/estándar a cumplir, previa autorización del productor en los casos que sea necesario para proteger la propiedad de los datos”, precisó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca en un comunicado.
Y ahondó en que “el desarrollo del Directorio se llevará a cabo en forma articulada con AFIP y SENASA, como organismos proveedores de la información pública que puedan requerir los esquemas de diferenciación”.
“De esta manera, el Gobierno nacional busca ofrecer a la agroindustria alternativas para quienes deseen dar cumplimiento a las normativas y estándares requeridos por los mercados externos, como por ejemplo el Reglamento UE 2023/1115 sobre productos libres de deforestación”, añadió.
Como justificación de esta determinación, consideró importante resaltar que en las últimas décadas los principales mercados del mundo comenzaron a establecer nuevas regulaciones, requisitos, estándares y certificaciones, tanto de origen público como privado, para la importación de bienes y servicios.
En este marco, “estos nuevos requisitos presentan grandes desafíos para todos los actores en los distintos eslabones de la cadena de valor porque influyen sobre prácticas y procesos productivos, incorporación de nuevas tecnologías y desarrollo de nuevos productos, entre otros”, subrayó Agricultura.
“Al mismo tiempo, surgen oportunidades en el mercado internacional para la diferenciación de atributos de valor para la producción agroindustrial, sobre la base de las ventajas competitivas que la agroindustria argentina ha sabido construir gracias a la adopción de buenas prácticas y tecnologías de vanguardia y a la aplicación de los más altos estándares sanitarios y de calidad”, completó.
Los requisitos para acceder al Directorio se encuentran disponibles en https://www.magyp.gob.ar/
LA POLÉMICA SOBRE EL REGLAMENTO ANTIDEFORESTACIÓN
Bajo este panorama, el Gobierno aprovechó para insistir en su rechazo a la forma en que Europa buscaba implementar su reglameno antideforestación.
“Es importante destacar que estas medidas deben contemplar las realidades locales y cumplir con la normativa de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y, en particular, no deben constituir un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre los países en los que ‘prevalezcan las mismas condiciones’ ni ‘una restricción encubierta al comercio internacional’. Por este motivo, Argentina cuestiona en los distintos foros las medidas unilaterales que no estarían acorde a estos principios”, recordó.
Y repasó: “En este sentido, el Gobierno Nacional valora la propuesta de postergación de la implementación del Reglamento de la UE para productos libres de deforestación. Se trata de una respuesta a los planteos realizados por Argentina, así como por parte de otros países afectados por la normativa, que manifestaron su preocupación y realizaron cuestionamientos respecto al contenido de la medida, así como la falta de precisiones sobre su implementación”.
