La fuerte polémica que despertó en las últimas semanas el aumento del impuesto inmobiliario rural decidido por el Gobierno de Buenos Aires, que según las entidades del agro excede lo que fue aprobado en la Legislatura bonaerense, sumó ahora un nuevo capítulo.
La Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) decidió acompañar el reclamo liderado desde las Sociedades Rurales del norte de Buenos Aires, pero que tomó fuerza con el respaldo de toda la Mesa de Enlace provincial, por lo que consideró un “aumento desmedido” del Impuesto Inmobiliario Rural en esa jurisdicción.
“Consideramos que el impuesto correspondiente al presente periodo fiscal constituye un verdadero acto confiscatorio e inconstitucional, el cual debe ser revisado por las autoridades bonaerenses”, subrayaron desde CAIR.
INMOBILIARIAS RURALES, CONTRA LA SUBA DE IMPUESTOS
Desde su punto de vista, “la presión tributaria provincial, sumada a la nacional y a las tasas municipales, atentan contra uno de los motores productivos y exportadores más importantes de nuestro país, impidiendo así el crecimiento de la economía y el desarrollo general del sector”.
En este marco, si bien CAIR dijo que no considera a la rebelión fiscal –una alternativa que ha sido planteada por entidades rurales– como una medida democrática, también expresó que no apoya la idea de “afectar el patrimonio de los productores rurales y propietarios de campos de la provincia de Buenos Aires con este tipo de aumentos desmesurados, tal como los que se presentaron en los últimos tiempos”.
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