La reforma laboral que plantea el gobierno de Javier Milei es uno de los aspectos que quedaron en stand by luego de que la Cámara Nacional de Trabajo avalara un planteo de inconstitucionalidad de la Confederación General de los Trabajadores (CGT).
Esto que la administración de La Libertad Avanza considera como una “modernización” de las pautas que hacen a la contratación y despido de personas, forma parte del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, de “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”.
En este marco, la iniciativa de Milei recibió un fuerte respaldo en las últimas horas por parte de entidades del agro; en concreto, la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro).
Las principales claves del decreto de “desregulación”, según la Sociedad Rural
Junto a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) –una asociación que también tiene representación en el sector y que mensualmente elabora un indicador de la suba de los alimentos del productor a la góndola–, se presentaron el martes −en tiempo y forma− ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) como amicus curiae en apoyo al Título IV Trabajo del DNU 70/2023.
¿El objetivo? Solicitarle al máximo tribunal que la reforma laboral siga su curso, sobre todo en lo que respecta a los costos que deben enfrentar las pymes para poder crear y sostener empleos.
Cabe recordar que, antes, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) ya había expresado abiertamente también su apoyo a varias de las políticas impulsadas por el decreto.
A FAVOR DE LA REFORMA LABORAL
“A partir de la declaración de inconstitucionalidad del Título IV (artículos 53 a 97) del DNU por parte de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, y encontrándose en estudio por parte de la CSJN, las tres entidades empresarias expresan la necesidad de derogar todos los artículos que contemplan multas económicas y que son los principales generadores de la litigiosidad laboral en la República Argentina (artículos 8, 9, 10 y 15 de la Ley 24.013; 1 y 2 de la Ley 25.323; y 80 de la Ley 20.744, conforme el texto ordenado por la Ley 25.345)”, indicaron en un comunicado.
Y ampliaron: “Los artículos detallados dificultan la generación de empleo genuino, al enfrentar a las pymes con la contingencia de afrontar una erogación que el propio negocio es incapaz de generar”.
Según Coninagro, la SRA y CAME, “las multas económicas aludidas provocan una afectación económica de enorme relevancia, comprometiendo seria, injusta y desproporcionadamente a las empresas y a la sociedad en su conjunto”.
En este marco, “medularmente se expuso que las multas de las leyes 24.013, 25.323 y 25.345 fueron el peor error de política legislativa en materia social y económica de la historia del derecho del trabajo en la Argentina, en tanto disuadieron a los empleadores de contratar de un modo muy trascendente”, prosiguieron.
📄Junto con @redcame y @SociedadRural nos presentamos ante la Corte Suprema, para solicitar la derogación de todos los artículos que generan litigiosidad laboral en Argentina 🇦🇷 pic.twitter.com/dERX1z9iUf
— CONINAGRO (@CONINAGRO) February 28, 2024
Por último, aclararon que “la opinión y la colaboración manifestadas por SRA, CAME y Coninagro es únicamente relativa a la parte del derecho individual del trabajo, excluyendo de forma expresa toda vinculación con el Derecho Colectivo del Trabajo”.
Asimismo, informaron que se anexaron documentos en materia económica que justifican la presentación de este escrito ante la CSJN.
