La intención de dar un fuerte cambio de rumbo en lo económico y social por parte del Gobierno de Javier Milei por ahora se debate en los pasillos del Congreso, pero también en la órbita del Poder Judicial. Es el caso del mega DNU.
Por eso, tras una larga nómina de presentaciones en distintas sedes judiciales del país, una de las mismas correspondió al reclamo de la Confederación General del Trabajo (CGT), que buscó ponerle un freno a los cambios impulsados en el capítulo 4.
En los primeros días de enero la sala habilitada para la feria judicial de la Cámara Nacional del Trabajo falló: lo hizo en contra de los intereses del Gobierno, a través de la sentencia de los camaristas José Alejandro Sudera y Andrea García Vior.
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Una tercera integrante de la Cámara, la jueza María Dora González, votó en sentido contrario y expuso que el tema debía ser abordado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
Sin embargo, el resultado de la votación entre los jueces pone, por ahora, un freno al capítulo que condensa todas las reformas laborales que busca La Libertad Avanza.
RESPALDO DE LA AGROINDUSTRIA AL DNU
En el sector privado sostienen que “deben ser escuchados”. Y para ello realizaron una presentación esta semana, encabezada por:
- Bolsa de Cereales de Córdoba
- Bolsa de Comercio de Córdoba
- Cámara de Comercio de Córdoba
- Cámara de Comercio Exterior de Córdoba
- Federación Comercial de Córdoba y la Unión Industrial de Córdoba
- Delegación Córdoba de la Cámara Argentina de la Construcción
“Al igual que las gremiales antes de tomar decisiones sobre la vigencia y validez de las normas laborales contenidas en el DNU. La razón es sencilla y contundente: las reformas impulsadas en material laboral potenciarán la creación de nuevas empresas, promoverán la exportación de productos argentinos, atraerán inversiones y multiplicarán exponencialmente las fuentes de trabajo”, expresaron.
Por eso, en el cuerpo de la presentación, pidieron que la Justicia incorpore al cuerpo de empresas como terceros interesados, conceda el recurso pedido y eleve las actuaciones a la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“Solicitamos que revoque lo decidido por esta Sala y deje sin efecto la medida cautelar ordenada”, le pidieron al máximo tribunal.
Además expresaron: “La habilitación de feria dispuesta debe comprender también a otras presentaciones con el mismo objeto que la realizada por la demandada. Este es el único modo procesal válido para ejercer nuestro derecho de defensa”.
Entre el cuerpo de abogados que patrocina a las empresas analizan como “endebles e impropios” los argumentos de los jueces Sudera y García Vior.
“La Sentencia partió de un axioma que generó una clara cuestión federal: el PEN no logró demostrar las razones de urgencia que lo llevaron a dictar la reforma laboral por vía de DNU. Se inmiscuye impropiamente en la valoración de circunstancias que son ajenas al control del Poder Judicial. Lo hizo incluso y a pesar de que el DNU está siendo considerado por el Congreso de la Nación, órgano constitucionalmente competente para su ratificación”, argumentaron.
CRÍTICAS DE LA AGROINDUSTRIA A LA CGT
Según afirmaron en la presentación, sostuvieron que “la suspensión con efecto ‘erga omnes’ de esas disposiciones afecta en extraña paradoja al colectivo de trabajadores que la CGT dice representar”.
“Todo lo contrario, pone en cuestión la necesidad de una reforma laboral largamente esperada y con consecuencias positivas para grandes empresas y PyMES del país, entre las que están los miembros de las Cámaras que aquí representamos”, plantearon.
Uno de los puntos clave es que igualan la posición de los empresarios como de los empleados contratados por dichas empresas. “El perjuicio a los intereses de nuestros mandantes (y por ende al de sus trabajadores) es claro y concreto. Está habilitada su intervención como tercero interesado y su aptitud para recurrir ante la CSJN por la vía extraordinaria, especialmente cuando una Sentencia dictada en la capital afecta los intereses de todos los actores del mercado laboral argentino”, argumentaron.
“Muchas de las reformas introducidas por el DNU 70/23 son esenciales para la reactivación de un mercado laboral exangüe, a raíz de normas anacrónicas propias de otros tiempos y privilegios enquistados para unos pocos”, sumaron.
RÁPIDA RESPUESTA DE LA CÁMARA
Cerca del mediodía de este jueves se conoció la pronta respuesta de parte de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. ¿El resultado? Tal vez contemplado, pero no deseado por el sector privado.
“La petición resulta inatendible ya que la figura de intervención de terceros resulta prima facie inaplicable en las acciones amparistas salvo que se trate de intervención necesaria, lo que no puede predicarse en el caso a estudio”, informaron.
APOYO DE LOS INGENIEROS AGRÓNOMOS
Desde donde también llegaron manifestaciones de apoyo a los cambios impulsados por la Casa Rosada fue desde CADIA, el Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos.
Difundieron un comunicado titulado “De Amparos y Des-Amparos”, que afirma que “para cambiar hay que cambiar”.
“El gobierno que lo anunció en la campaña electoral presentó todo un conjunto de modificaciones para mudar una realidad que trajo la Argentina a esta situación. La realidad es tan evidente que no admite atajos”, expresaron.
Y sumaron que “la política nos trajo hasta aquí. Una hecatombe social y económica que necesita cambios drásticos para producir efectos visibles y cambiar la tendencia de decadencia”.
“La mitad de la población es pobre o indigente, hiperinflación descontrolada y ahora estanflación (situación de estancamiento económico, con aumento del paro y de la inflación), tarifas y servicios desactualizados, empleo público elevado y recursos del Estado mal empleados”, cerraron.
