Mientras el Gobierno nacional busca cerrar en el ámbito legislativo la Ley Ómnibus, entidades vinculadas a la agroindustria analizan su impacto en la actividad. Y la creación de “mercados de carbono” es hoy por hoy el gran análisis en el rubro.
En el sector forestal reconocieron que, si bien es positivo la propuesta oficialista de crear un mercado de carbono argentino, no contempla la posibilidad de compensar con créditos de carbono a proyectos vinculados a esta temática.
En este contexto, la Mesa de Carbono Forestal Nacional (MCFN) advirtió que la actual legislación se enfoca en sectores y actividades “emisoras” que tengan que limitar y reducir emisiones, pero no prevé la chance de compensar a iniciativas de carbono forestal o del agro, como sí se hace en sistemas similares a nivel internacional.
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MERCADO DE CARBONO: EL DEBATE
La entidad, compuesta por unas 40 empresas del sector, reconoció que en nuestro país se desarrollan proyectos de carbono forestal, desde hace más de 15 años en distintas regiones y con diferentes tipos de abordajes.
“En la actualidad, los miembros y socios de la Mesa ya tienen en evaluación, desarrollo y certificación proyectos por una superficie de más de 400.000 hectáreas, que equivale a casi 20 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires”, señalaron.
Si estos proyectos se ponen en marcha, permitirían capturar y prevenir emisiones por un total aproximado de 50 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2). Este volumen equivale a más del 60% de la meta de reducciones de emisiones a 2030 establecida por Argentina en su Plan Nacional de Bosques y Cambio Climático.
EL ALCANCE DE LA LEY ÓMNIBUS
Juan Pedro Cano, Coordinador de la MFCN, explicó que la recientemente presentada Ley Omnibus contiene una serie de artículos (del 320 al 324) que permite la creación de mercado regulado de carbono, a partir de un sistema de comercio de emisiones.
“En este sentido, da la facultad al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) a asignar derechos de emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a cada sector y subsector de la economía compatibles con el cumplimiento de las metas de emisiones comprometidas por el país para el 2030”, sostuvo el directivo.
Y agregó: “Esto se haría mediante límites anuales y derechos de emisiones y se posibilita, asimismo, establecer un mercado de derechos de emisión de GEI, en el cual quienes hayan excedido su meta puedan, a su vez, vender los servicios a aquellos que los necesiten para lograr su objetivo y evitar la penalización”.
A nivel internacional Cano remarcó que este tipo de iniciativas han generado impactos favorables no solo a nivel de reducción de emisiones, sino también en conservación, manejo sustentable y restauración de ecosistemas en la Unión Europea, Estados Unidos, México y Colombia.
“La propuesta impulsada por el PEN busca promover límites y reducciones de emisiones de GEI, pero no prevé compensaciones de emisiones, lo cual es usual, al menos por un período de tiempo o hasta cierto porcentaje de las emisiones reguladas, de modo de dar previsibilidad y flexibilidad a los sectores obligados” apuntaron desde la entidad.
¿QUÉ SE NECESITA?
Desde la Mesa explicaron que la legislación deberá incluir un mecanismo de flexibilidad para el cumplimiento de las reducciones de emisiones que se establezcan. Una chance es la posibilidad de presentar reducciones por créditos de carbono, al menos por cierto período de tiempo o sobre un porcentaje de las emisiones a limitar y reducir.
De esta manera, sostuvieron que se pueden promover proyectos de reducción o captura de emisiones en sectores clave como el sector forestal.
“De esta manera, puede servir de incentivo a la conservación, manejo sustentable, restauración de bosques y plantación y manejo mejorado de plantaciones forestales“, destacaron.
En paralelo, afirmaron que es necesario el establecimiento de el mercado regulado de carbono contenga también normas que establezcan claridad y certidumbre sobre aspectos clave para el desarrollo y comercialización de proyectos de carbono.
Entre otros ítems, se deberá otorgar seguridad jurídica sobre la propiedad o titularidad de los créditos de carbono generados por proyectos desarrollados en Argentina, facilitar su libre comercialización, delimitar el ámbito de intervención gubernamental y garantizar la transparencia en las transacciones.
“Es preciso contar con seguridad jurídica para atraer inversiones que permitan desarrollar proyectos a distintas escalas y con distinto impacto ambiental, social y económico”; sostuvo Cano.
LOS BIOCOMBUSTIBLES “HABLAN” DEL CARBONO
En el marco del Plenario de Comisiones que se llevó a cabo en la legislatura nacional, en donde entidades de todo el arco económico, productivo y social de Argentina debaten la Ley Omníbus, la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) también expresó su postura a favor de la creación de un mercado de carbono.
El paquete de reformas presentado por el oficialismo tambien contempla cambios en la regulación del mercado de biocombustibles. Para la entidad, el proyecto ” abre la oportunidad de generar mercados de créditos de carbono, que premien la eficiencia ambiental de los biocombustibles y promover una matriz energética y productiva más limpia acorde a los requerimientos de los mercados globales”.
