Son múltiples los temas que se están discutiendo en las maratónicas sesiones que se llevan adelante en el Congreso de la Nación, en el marco del debate de la denominada “Ley Ómnibus” que concentra todas las normas que quiere modificar o derogar el Poder Ejecutivo, además de lo incluido en el Mega Decreto de Necesidad y Urgencia, para la “reconstrucción” de Argentina.
Entre ellos, uno que sobresalió en los últimos días fue el incremento de retenciones que plantea el Gobierno de Javier Milei y que fue defendido en el recinto legislativo por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Fernando Vilella.
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En este marco, diferentes cadenas productivas hicieron conocer en las últimas horas nuevas gestiones que están desarrollando para frenar esta medida que la consideran perjudicial y afirman que puede derivar en pérdidas de mercados y de puestos de trabajo.
EL MANÍ, CONTRA LAS RETENCIONES
El flamante ministro del Interior, Guillermo Francos, ha mantenido una intensa agenda de reuniones en los últimos días y una de ellas fue con representantes de la Cámara Argentina del Maní (CAM), gracias a la intermediación de la diputada nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) por Córdoba, Gabriela Brouwer de Koning.
Según reflejó la agencia Télam, la reunión tuvo lugar en el Salón de los Escudos de Casa Rosada y se extendió por una hora, oportunidad en que Francos y los empresarios maniseros dialogaron sobre las necesidades de ese sector productivo e intercambiaron opiniones sobre el proyecto de ley que, en el caso del maní, provoca que sufra un aumento de retenciones desde el 0% actual hasta una alícuota del 15%.
Francos consideró “positivo” el encuentro y explicó que sus representantes le transmitieron “su posición en torno a las retenciones a la producción de maní y sus derivados”.
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“Me comprometí a transmitir sus planteos ante el Ministerio de Economía y la Secretaría de Agricultura para su evaluación, debido al impacto que estas medidas pueden llegar a tener en las poblaciones que integran la principal región productora de maní del país”, expresó Francos.
Por su parte, Brouwer de Koning analizó que esta decisión, de ser ratificada por el Congreso, “afecta de manera muy grave a la actividad del maní, en cuanto a la producción, la generación de empleo y el dinamismo de la economía en toda nuestra zona”.
Según la legisladora oriunda de Río Tercero, Francos les prometió “hacer todo lo posible para hablar con el ministro de Economía (Luis Caputo) para reducir un poco ese porcentaje”.
LA NUTRICIÓN ANIMAL, TAMBIÉN AFECTADA POR LAS RETENCIONES
Otra entidad que planteó su preocupación fue la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal (CAENA), que asegura que aumentar la alícuota a las exportaciones de alimentos balanceados significa directamente eliminar las ventas al exterior.
“Nuestra preocupación es muy grande con el aumento de la retención, que es histórico y prohibitivo para comercializar, ya que afectará notablemente las exportaciones. Van a verse afectadas más de 20 pymes del sector que van a dejar de exportar en el próximo año. Estas son federales de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa; 20 empresas de Nutrición Animal que exportan el 80% de la nutrición animal”, expresó Francisco Schang, director Ejecutivo de CAENA.
Según los cálculos de la Cámara, las empresas de este sector exportan por unos U$S 180 millones al año, incluyendo alimentos para mascotas, para grandes animales y concentrados o premix también para grandes animales).
En este marco, el incremento del 4,5% de retención que pagan actualmente al 15% estiman que reduce 18% la rentabilidad en alimentos completos y 37% en concentrados.
Además, afirman que a corto y mediano plazo se perderían mercados como Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Guatemala, Vietnam y China.
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“Además, CAENA importa un total de materias primas necesarias para la elaboración del alimento de nutrición animal por un total de U$S 250 millones al año, que se convierten en proteína que se exporta (carne, huevo, leche, etc…) por un total de U$S 4.500 millones. Es decir, que pasar del 4,5% de U$S 180 millones al 15% de un mercado que va a tender a cero, solo hará que caiga la recaudación fiscal o a lo sumo se mantenga y cierre un mercado de exportación que cuesta años desarrollar”, agregó Schang.
Y manifestó al respecto el riesgo de que “se pierdan puestos de trabajo y una oportunidad de crecimiento para dejar de primarizar las ventas de alimento al mundo y exportación de agregado de valor”.
“Hoy está en manos de los legisladores esta decisión, que afectará a cientos de empleados y pymes del sector de nutrición animal. La única salida de esta crisis es con mayores exportaciones, no con mayores retenciones e impuestos”, declaró.
RETENCIONES: MÁS GESTIONES DE LA CADENA DEL VINO
En tanto, la cadena del vino es otra que ha intensificado las gestiones para frenar el aumento de retenciones, que en este caso no es de 0% a 15%, sino al 8%.
Tras las críticas que formuló la gobernación mendocina y la campaña que decidió llevar adelante Bodegas Argentinas, ahora fue la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) la que informó que, en el marco del Plan Estratégico Vitivinícola 2030 y del tratamiento de la Ley Ómnibus, se reunió con legisladores nacionales para dialogar sobre los alcances y el impacto negativo de la propuesta de aplicación de derechos de exportación al complejo de las uvas y los vinos.
“La vitivinicultura es una actividad de alto valor agregado, que es marca país para la Argentina, generadora de divisas, empleo y arraigo en 18 provincias. El objetivo de la reunión realizada en el hotel Savoy fue informar a los legisladores de las distintas fuerzas políticas sobre el impacto negativo que estos derechos de exportación tendrían sobre toda la oferta exportable de Argentina, y solicitarles que no acompañen este artículo y mantengan como hasta ahora a la vitivinicultura sin tener que pagar derechos de exportación”, indicaron desde Coviar.
De acuerdo con las proyecciones de Coviar, si se toman los valores a diciembre del 2023, el precio promedio del litro de vino embotellado exportador es de 4,20 dólares FOB; el cambio al que accede el exportador es aproximadamente de $ 836 pesos por dólar (correspondiéndose con un 80% del de MULC y 20% del dólar MEP). Así, el precio del vino en pesos para el exportador es de $ 3.510.
No obstante, la Corporación afirma que el vino, como insumo, representa solo un 11% del valor final de una botella exportada en promedio; y lo restante se compone de mano de obra, excedente de explotación, impuestos, capsula, tapón, etiqueta, botella y caja, entre otros insumos.
La consecuencia es que, así, el derecho de exportación sobre el vino del 8% propuesto (que actualmente es de 0%) pasaría a representar el 71,3% de lo que se cobra específicamente por litro de vino exportado, según datos relevados por el Observatorio Vitivinícola Argentino.
“Pagar derechos de exportación del 8% para la vitivinicultura implica una pérdida de competitividad y de mercados, caída en las ventas al exterior, especialmente pymes que dejarán de exportar y mayores excedentes de producción que se orientarán al mercado interno frente a la imposibilidad de poder venderlos en los mercados externos, generando una mayor oferta que presionará a la baja sobre los precios, afectando a los productores de uva y a las pymes”, aseguró Coviar.
