Prácticamente a cada hora que pasa, el Gobierno de Javier Milei suma un nuevo rechazo a la decisión de aumentar la alícuota de retenciones para todos los productos que exporta la Argentina, a excepción de una veintena de economías regionales y de la lechería.
El esquema que tiene que pasar por el Congreso prevé un 15% de derechos de exportación generalizado, a excepción del vino, que pagaría 8%; y de la soja, que abonará 33% en todas sus variantes; es decir, tanto como poroto, como por harina y aceite.
Desde que se conoció la noticia han llovido los comunicados de entidades que cuestionan la medida, y también de funcionarios de provincias que se sienten afectadas, y en las últimas horas se adicionó un texto difundido por cinco Bolsas agroindustriales del interior del país que se manifestaron “en contra de la imposición de derechos de exportación en la cadena productiva”.
Se trata de las Bolsas de Cereales Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos; y de Comercio del Chaco. En esta oportunidad, no firmaron el documento las Bolsas de Rosario ni de Santa Fe.
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CRÍTICAS A LAS RETENCIONES
Para las entidades que representan a la agroindustria, las retenciones “constituyen un impuesto de carácter distorsivo, con efectos claramente desalentadores sobre los distintos actores de la economía”.
Si bien reconocen que la actual coyuntura requiere del Gobierno Nacional la adopción urgente de medidas en pos de lograr la estabilización de las cuentas públicas, consideran que se deberían “encontrar otros mecanismos alternativos a implementar y no recurrir en forma permanente al aumento de los derechos de exportación”.
“Estos atentan directamente contra la producción, generación de empleo e industrialización en aquellas áreas productivas afectadas, frenando el ingreso de divisas de uno de los sectores que más aporta a la economía del país”, remarcan.
Y agregan: “Asimismo, este tipo de medidas, que modifican cíclicamente las reglas establecidas, desalientan cualquier evaluación de potenciales inversiones, ya que siguen alimentando la incertidumbre y la consecuente inseguridad jurídica”.
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Bajo este panorama, para las Bolsas es necesario adoptar una política agroexportadora que contemple un esquema impositivo no distorsivo y que fomente la producción y el agregado de valor.
“Desde los sectores que representamos estamos a disposición de las autoridades a los efectos de acompañar y aportar al diseño de políticas que permitan encontrar un camino de solución a la grave situación de deterioro de las variables económicas, y trabajar conjuntamente en todos los desafíos y urgencias que requiere el momento actual”, cierra el comunicado.
