El concurso de acreedores de Vicentin bien podría dar argumentos para una serie de alguna plataforma de streaming: sucede que se trata de una novela que nunca para de arrojar nuevos capítulos.
Cuando parecía que la propuesta de pago formulada por la agroexportadora estaba encaminada a ser aceptada por el juez que entiende en la causa, Fabián Lorenzini, debido a que cuenta con la mayoría de adhesiones de acreedores tanto en cantidades como en volumen del pasivo que requiere la ley, el magistrado sorprendió la semana pasada al rechazar la oferta y habilitar el “cramdown”.
¿Qué significa esto? Que se cayó el salvataje de la firma que se dispondría a través de la venta de sus activos a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y a las firmas Viterra y Bunge, y que cualquier aspirante del sector privado que presente una oferta superadora, podría quedarse con los destinos de la compañía.
Por ejemplo, tardó poco tiempo el Gobierno, a través del propio presidente Alberto Fernández, en volver a postularse para quedarse con los destinos de la firma, a través del Banco Nación –máximo acreedor privado–, lo que valió un duro rechazo por parte de la Cámara de la Industria Aceitera y Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC).
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UNA APELACIÓN DE VICENTIN QUE FUE ESCUCHADA
Ahora, la novedad conocida en las últimas horas es que un juzgado de segunda instancia suspendió el “cramdown” dispuesto por Lorenzini y se abocará a determinar si la propuesta de pagos es correcta o no.
Se trata de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la 4° Circunscripción Judicial, que fue el juzgado al que recurrió Vicentin, y que este jueves por la mañana mantuvo una audiencia con abogados de la compañía que les explicaron a los jueces los perjuicios de las determinaciones tomadas por Lorenzini.
Fundamentalmente, que si bien elevó la apelación tal como correspondía, no suspendió los efectos del “cramdown” que tenía como fecha límite de presentación de ofertas el 17 de octubre.
De esta manera, por la cercanía de la fecha, podía suceder que la Cámara todavía estuviera evaluando si la propuesta de pagos de Vicentin es correcta o no, y que a la vez si no se presentara nadie al “cramdown”, automáticamente la firma entrara en quiebra.
Por eso, la Cámara avaló el pedido de Vicentin y otorgó el efecto suspensivo del “cramdown” hasta tanto ratifique o rectifique la decisión tomada por Lorenzini.
Luego de este logro judicial, desde Vicentin son optimistas por lo que pueda decidir la Cámara. Insisten en que son más de 1.000 los acreedores que aceptan el plan de pagos, que concentran más del 75% del capital y 66% de las cápitas, superando los mínimos que impone la Ley de Concursos y Quiebras.
“El primer paso ha sido satisfactorio. Solo son cinco acreedores los que se oponen: cuatro del Estado y una corredora, que incluso Lorenzini en su momento rechazó las impugnaciones”, recordaron desde la firma oriunda de Avellaneda.
