La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) emitieron este viernes un comunicado en el que expresaron su “profunda preocupación” ante lo que consideran una nueva intromisión política del Gobierno en la causa Vicentin.
Sucede que, tras la decisión del juez Fabián Lorenzini de rechazar el plan de pagos propuesto por la que supo ser la mayor agroexportadora de capitales nacionales, desde la Casa Rosada volvieron a agitar la posibilidad de desembarcar en la firma oriunda de Avellaneda (Santa Fe).
El propio presidente, Alberto Fernández, celebró la decisión de Lorenzini a través de la red social X-Twitter y dijo que “el Banco Nación, como acreedor privilegiado, velará en la etapa que se inicia para que se cumplan los objetivos que siempre nos guiaron: hacer que Vicentin siga siendo una gran empresa argentina”.
Eso significa que, como siempre reclamamos, no se va a consumar la trampa de aquellos acreedores privados que, perjudicando al Banco Nación y a los 1290 productores agropecuarios, pretendían quedarse con la empresa pagando unas monedas.
— Alberto Fernández (@alferdez) September 15, 2023
Precisamente, al rechazar el acuerdo de acreedores presentado por Vicentin que venía atado a la venta de los activos a Bunge, Viterra y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), el juez habilitó el cram down, un mecanismo en el que el Banco Nación podría ingresar accionariamente a la compañía.
En 2021, vale recordar, el Gobierno intentó de manera directa una intervención en Vicentin, de la que luego desistió ante la resistencia de los sectores productivos e incluso de pobladores urbanos, que salieron a las calles en numerosas ciudades para protestar contra esta posibilidad.
LAS CRÍTICAS DE CIARA-CEC
En concreto, lo que temen los agroexportadores es que estas expresiones de autoridades políticas deriven en algún tipo de presión del Estado para alcanzar algún favoritismo para quedarse con la empresa.
“Si el Estado Nacional continúa con su decisión de constituir una empresa estatal agroindustrial exportadora, ésta debería desempeñarse bajo las mismas condiciones de igualdad ante la ley y las reglas del mercado. Cualquier tratamiento diferencial en materia financiera, impositiva o de otra naturaleza generará graves consecuencias económicas y sociales en este sector industrial”, apuntaron desde CIARA-CEC.
Y añadieron: “Por lo tanto, se ruega a las autoridades nacionales y provinciales que eviten politizar las decisiones judiciales que no están en firme y que se abstengan de emitir mensajes que pueden ser interpretados como riesgo laboral para las familias de la industria aceitera nacional”.
Precisamente, la mayor preocupación de estas cámaras empresarias es que, si la resolución de la crisis de Vicentin se sigue demorando, la empresa ya no pueda abonar sueldos y esto derive en un conflicto social, con el riesgo de que se transforme en un paro gremial que afecte a todas las agroexportadoras.
“Se considera que las recientes medidas judiciales pueden tener consecuencias en la estabilidad laboral y eso deteriorar las condiciones de funcionamiento de toda la industria, en un momento de debilidad macroeconómica, fuerte caída de la industrialización y exportación por la sequía y tensiones sociales de público conocimiento”, alertó CIARA-CEC.
