La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) emitió un duro comunicado este viernes, en contra de la decisión del Gobierno de Misiones de prohibir el uso de glifosato en las plantaciones agropecuarias de esa provincia.
Esta semana, la Cámara de Diputados misionera convirtió en ley un proyecto que impide las aplicaciones de este herbicida e impone un plazo de dos años, hasta 2025, para una “transición” hasta que la prohibición se haga realmente efectiva.
“Ataque a la producción del noreste argentino”, se titula el documento que dio a conocer el ruralismo y en el que las entidades del campo consideraron a esta medida como “un embate a la producción”.
“Aclaramos que no solamente no fuimos consultados, sino que tampoco nos permitieron participar en la Comisión a pesar de haber insistido permanentemente, lo que demuestra un autoritarismo total y ausencia de diálogo”, cuestionaron desde CRA, la Sociedad Rural, Federación Agraria y Coninagro.
IMPACTO NEGATIVO
Para la Mesa de Enlace, “las principales cadenas agroindustriales se verán perjudicadas, generándose mayores costos, caídas en la producción, dificultades para certificar bajo estándares internacionales y con ello, restricciones en los mercados comerciales internacionales, con impacto directo en el empleo y la actividad económica, entre otras consecuencias”.
Al respecto, las entidades recordaron que en Misiones hay 257.300 hectáreas certificadas en Manejo Forestal Sostenible, bajo estándares internacionales, lo que representa más del 60% de la superficie total forestada en la provincia.
“La implementación de estos estándares internacionales garantiza buenas prácticas en el uso y manipulación de todos los fitosanitarios”, enfatizó la Mesa.
También recordó que el glifosato es una herramienta fundamental para la producción agrícola, porque permite la conservación del suelo, teniendo en cuenta las pendientes del mismo, de manera que posibilita cultivar sobre él manteniéndolo cubierto, sin que aparezcan malezas.
👉🏻 Ataque a la producción del noreste argentino
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— CRA (@CRAprensa) June 23, 2023
La CEEA insitió en que no se le permitió aportar información al respecto y añadió que la ley “se sancionó sin una base técnica, ni aval científico”.
Y concluyó: “Entendemos esto como un embate a la producción, atentando contra lo que necesita nuestro país, más desarrollo económico para construir una nueva Argentina con mayores posibilidades”.
