La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General Impositiva (DGI), informó que se detectaron irregularidades en una cooperativa de Entre Ríos, que llevaron a la incautación de 2.000 toneladas de maíz, soja y trigo.
El establecimiento está ubicado en la localidad de Basavilbaso y posee dos plantas de acopio con capacidad de 39.000 toneladas en silos de chapa y celda y 68 silobolsas para el almacenamiento de granos.
Los agentes encontraron en esas instalaciones existencias superiores a las registradas en los sistemas.
“El volumen de la mercadería interdicta equivale a la carga de 65 camiones y tiene un valor de mercado de más de 128 millones de pesos”, informaron.
Además las tareas de cubicaje realizadas por los inspectores de la DGI arrojaron diferencias significativas entre el stock observado y el que surgía del Registro Sistémico de Movimientos. La firma no contaba con la documentación legal que respalde la tenencia de esa cantidad de granos que avalara su procedencia legítima.
Por eso, a raíz de estas inconsistencias, el personal de la AFIP procedió a incautar la mercadería, que consistía en:
- 765 toneladas de trigo
- 817 toneladas de maíz
- 383 toneladas de soja
OPERATIVO EN LA FRONTERA
Desde la Dirección General de Aduanas informaron que se interdictó a dos camiones que llevaban más de 60 toneladas de aceite crudo de soja al constatar que los transportistas involucrados carecían de la documentación necesaria para ello. El valor de la mercadería supera los $13 millones.
“La inspección comenzó cuando dos camiones pasaron por un control que la Aduana estaba realizando —con colaboración de la Gendarmería Nacional— sobre la Ruta Nacional 34 a la altura de Aguaray, Salta”, informaron.
Al llegar los vehículos al lugar, el personal aduanero solicitó la documentación respaldatoria de la mercadería, ante lo cual los conductores presentaron las respectivas Cartas de Porte de Electrónicas de Granos.
“Es una herramienta de vital importancia para la lucha contra el contrabando”, resaltaron desde Aduana.
Se trata del documento electrónico obligatorio que ampara el transporte de cereales, oleaginosas y sus derivados.
“Sin embargo, al revisar la documentación presentada, los agentes de la Aduana advirtieron que los permisos estaban en estado inactivo, lo cual significaba que el transporte de la mercadería no estaba respaldado”, contrastaron.
Las autoridades entienden que dada la cercanía de los camiones en cuestión con la frontera con Bolivia, la carga ilícita iba dirigida al país vecino.
La mercadería quedó interdicta bajo la órbita de la Sede Fiscal Descentralizada Tartagal, a cargo del Dr. César Romero y del auxiliar fiscal Dr. José Rafael Lamas. Los mismos labraron las actas correspondientes e interdictaron ambos vehículos con la mercadería que llevaban.
El aforo realizado constató que transportaban 61,80 toneladas de aceite crudo de soja, cuyo valor estimado asciende a $13.100.000.
