Golpeado por la cifra de enero que dejó la inflación medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC), del 6% y con un acumulado del 98,8% en los últimos 12 meses, el Gobierno apeló nuevamente a la extensión del fideicomiso aceitero para buscar dar una señal en ese producto de consumo masivo.
De ese modo, en la resolución 118/2023 que se publicó este miércoles en el Boletín Oficial establece que dicho mecanismo se renovará por 9 meses, entre el 1 de febrero y el 31 de octubre, con el fin de contener precios en la góndola.
“La implementación del mecanismo referido ha demostrado ser adecuada para el cumplimiento de los objetivos propuestos, por lo que resulta conveniente su continuidad propendiendo a la estabilidad de los precios en el mercado interno de los aceites”, afirma el texto que lleva la firma del ministro de Economía Sergio Massa.
El nuevo monto será de u$s 120 millones, y se deja en claro que habrá una “adecuación del volumen mensual”.
En ese sentido el Gobierno buscó fundamentos en la Constitución Nacional. “El Artículo 42 establece que los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno”, plantearon.
Y exponen la “defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados y al control de los monopolios naturales y legales”.
¿CÓMO SE COMPONE EL FIDEICOMISO?
La Resolución Conjunta N° 1 del 6 de febrero de 2021 del por entonces Ministerio de Desarrollo Productivo que tenía bajo su ala Matías Kulfas había establecido que las personas físicas o jurídicas que operan en el mercado de la soja o el girasol inscriptas a su vez en el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA), “conformen un fideicomiso de asistencia financiera que, preservando la libertad de mercado y la libre competencia, garantice el abastecimiento interno y asegure precios justos y razonables para los consumidores”.
Luego de varias extensiones, el mismo finalizó el pasado 31 de enero, pero los u$s 250 millones que había reunido como fondo total ya se habían agotado previamente y el faltante de producto a precios rebajados por este mecanismo financiero ya no se conseguía en góndolas.
Por eso, el mes pasado el Gobierno apeló a un “mecanismo transitorio” para compensar faltantes en dicha financiación.
Así lo graficó ante Infocampo el empresario y dirigente del sector agroindustrial Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de Industrias Aceiteras de la República Argentina (CIARA-CEC): “Nos plantearon que buscarían un mecanismo transitorio para compensar hasta que vuelva el nuevo fideicomiso, que generalmente se activa en febrero”.
“En diciembre, la industria abasteció el mercado asumiendo costos y pérdidas”, había asegurado y remarcado que los precios en almacenes no bajaban de $800 por litro, mientras que de fábrica cada botella salía con un valor de $400.
Y a la vez transmitió el deseo de los empresarios con respecto a esta nueva extensión del fideicomiso. “Queremos que sea lo más corto, que sea el final de los fideicomisos para la actividad. Que el de 2023 sea la transición de cierre, extinción y entierro, para ponerlo en términos concretos”, cerró.
