La decisión del Gobierno nacional de avalar un pedido de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) de un bono de fin de año de $ 50.000, abrió un nuevo frente de conflicto entre las autoridades y las entidades que integran la Mesa de Enlace.
“Un nuevo atropello a los empleadores rurales”, tituló la Sociedad Rural Argentina (SRA) un comunicado en el que se quejó de esta decisión. Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), en tanto, se reservó la posibilidad de recurrir a la vía legal para frenar esta imposición.
Según relataron fuentes del ruralismo, la Uatre ya había solicitado este bono y había recibido el rechazo de los representantes de los productores, debido a que el contexto de sequía ha afectado las finanzas de las empresas agropecuarias.
En el medio, el Gobierno dispuso un bono obligatorio de $ 24.000 para todos los trabajadores privados que cobren menos de $ 185.859 mensuales.
A regañadientes, en la Mesa de Enlace sabían que ese monto era inevitable porque era “universal” para todos los sectores, pero en la última reunión de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) realizada este jueves, la Uatre logró el respaldo del Gobierno para sumar otros $ 26.000 y totalizar un plus de $ 50.000.
Ante esa situación, hubo un portazo de las entidades del campo, que se levantaron de la Mesa.
LA OPINIÓN DE LA SRA
“En el marco de la reunión de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario realizada ayer, la Sociedad Rural Argentina pone en conocimiento a los sus socios que en dicho encuentro, nuestros representantes se levantaron de la mesa al haber sido sorprendidos con un acuerdo entre la Uatre y el gobierno nacional para implementar un nuevo bono de fin de año a los trabajadores rurales”, señala el comunicado de la SRA.
Y agrega: “Desde la entidad creemos, y lo manifestamos públicamente hace unos días, que las condiciones económicas no están dadas para afrontar en este momento un gasto extraordinario de esta envergadura”.
La entidad que preside Nicolás Pino explicó que, en este período de negociación, tuvo que aceptar, por su carácter de obligatorio y compulsivo, el bono que decidió el gobierno nacional de $ 24.000.
Sin embargo, el gremio de los trabajadores no se quedó conforme y pidió una suma adicional sobre dicho monto, iniciativa que fue negada una vez más por las entidades. “Eso nos obligó a no convalidar el acto administrativo de ayer”, completó la SRA.
de fin de año a los trabajadores rurales. Desde la entidad creemos que las condiciones económicas no están dadas para afrontar en este momento un gasto extraordinario de esta envergadura.
— Sociedad Rural (@SociedadRural) December 23, 2022
Al respecto, insistió en que “las condiciones que atraviesan hoy los productores de distintas regiones del país es crítica, luego de un año que empezó con incendios y que está terminando con una sequía que pone en riesgo la rentabilidad y también, augura un principio de 2023 con mucha preocupación”.
EL ENOJO DE CRA
En lo que respecta a las Confederaciones Rurales, en primer término ya se expresaron en contra del primer decreto del Gobierno nacional que impuso los $ 24.000 “de base”, debido a que considera que se inmiscuye en la órbita de la propiedad privada y se abroga facultades legislativas.
Pero aún peor es la situación del bono acordado con Uatre, que en su comunicado (ver más abajo) reconoce que la parte patronal se manifestó expresamente en contra de su otorgamiento, y no participó de su aprobación.
Para CRA, “carece de legalidad y vulnera la Constitución Nacional la facultad que se abroga la CNTA de imponer el pago de una suma no salarial ante la falta de acuerdo entre las partes”, porque la CNTA puede determinar las remuneraciones, pero no imponer a la patronal el pago de sumas que no tienen naturaleza jurídica salarial.
“Por lo que consideramos que cualquier avance en este sentido constituiría una violación a la ley y a la Constitución Nacional“, dijo CRA.
De hecho, se preguntó también qué sentido tiene seguir asistiendo a la CNTA, si las decisiones pueden ser “tomadas de facto por la Uatre con la complicidad del Gobierno Nacional y sin la anuencia del sector patronal, y en violación a las normas legales de procedimiento paritario”.
“Se explicó a la Uatre que no están dadas las condiciones económicas para aceptar un bono adicional a las remuneraciones ya abonadas. A pesar de ello, el sector patronal concedió en la última reunión paritaria un aumento salarial sin precedentes para el sector, muy por encima de los guarismos inflacionarios”, recordaron desde las Confederaciones.
“Por ello consideramos un atropello sin precedentes esta pretensión de la Uatre, y más aún si esto termina plasmado en una resolución de la CNTA. Esta imposición afectaría sin dudas derechos y garantías constitucionales de los particulares, en absoluta contradicción con la ley vigente y la Constitución Nacional, por lo que no acataremos dicha resolución y recurriremos a las vías recursivas correspondientes en resguardo de las garantías constitucionales de nuestros representados”, finalizó.
QUÉ DIJO LA UATRE
Horas antes, la Uatre había comunicado que “los trabajadores y trabajadoras comprendidas en el Régimen de Trabajo Agrario, recibirán un bono de fin de año de $ 50.000” y que esta asignación extraordinaria comprende a la actividad en todo el país y será abonada en una cuota.
Además, precisó que a los permanentes discontinuos se les otorgará el proporcional. En todos los casos, también quedan excluidos quienes ganen por encima de $ 185.859.
“El otorgamiento de la asignación extraordinaria salió con el voto favorable de los miembros paritarios de UATRE y de los representantes del Ministerio de Trabajo de la Nación”, reconoció la Uatre, y subrayó que las cuatro entidades de la Mesa de Enlace “se manifestaron en contra y se levantaron de la reunión antes de que se proceda a la votación”.
