El proyecto para establecer una ley que imponga un ordenamiento territorial y presupuestos mínimos de conservación de los humedales en Argentina ya quedó en condiciones de ser debatido en el Congreso de la Nación.
Este jueves, según reportó la Fundación Barbechando, luego de varios intentos pudo realizarse una reunión plenaria de las comisiones de Ambiente, Agricultura, y Presupuesto y Hacienda, en la que se avanzó en relación a esta ley.
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“El Frente de Todos y Juntos por el Cambio presentaron sus propuestas. La oposición, junto al apoyo de legisladores de la tercera vía, alcanzó el dictamen en mayoría. El oficialismo apuntaba a tratarlo en sesión, pero el tema pone en riesgo la unión de la alianza oficialista. Primó la visión de los diputados federales y de Provincias con actividad productiva agropecuaria o minera”, resumió Barbechando.
En concreto, tras horas de negociación intensa, el plenario de comisión concluyó con dos propuestas de dictamen: Juntos por el Cambio (JXC) alcanzó una iniciativa con 57 firmas a favor, junto con el apoyo de parte de los federales de Córdoba y Partidos provinciales.
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En tanto, el Frente de Todos (FDT), con el respaldo del socialismo y federales bonaerenses, logró un texto con 47 adhesiones.
Así, con el dictamen de mayoría y minoría, el proyecto quedó en condiciones de llegar al recinto para que se tratado por todos los legisladores. El destino dependerá del acuerdo político que se logre.
¿QUÉ PROPONE CADA INICIATIVA?
- Definición adoptada de COFEMA (Consejo Federal de Medio Ambiente -2016): ambos dictámenes definen al humedal como a aquellos ambientes en los cuales la presencia temporaria o permanente de agua superficial o subsuperficial causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes a los ambientes terrestres y acuáticos. Rasgos distintivos son la presencia de biota adaptada a estas condiciones, comúnmente plantas hidrófitas y/o suelos hídricos o sustratos con rasgos de hidromorfismo. Es importante que el hidromorfismo se asocie a los sustratos y no a los suelos.
- Inventario: Juntos por el Cambio propone tres años, y el Frente, cinco.
- Principios ambientales: JXC ninguno, mientras que FDT “in dubio pro aqua y pro natura”. Esto quiere decir que en caso de controversias ambientales, las disputas deben resolverse en favor del agua y la naturaleza.
- Ordenamiento territorial: Para JXC, debe realizarse después del inventario. Para el FDT, se debe definir por autoridad de aplicación nacional.
- Compensación por tareas de conservación: JXC, 70% para titulares de los humedales y 30% para Provincias. FDT, sin compensación
- Moratoria: FDT y JXC no permite nuevas actividades o su ampliación, sin una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), hasta tanto se finalice el inventario.
- Aplicaciones de fitosanitarios: FDT exige una EIA aprobada antes de aplicar fitosanitarios
- Evaluación de impacto ambiental (EIA): FDT, para aplicaciones de fitosanitarios, introducción de especies exóticas (no aclara que sean domesticadas o no), monocultivos, cultivos intensivos, dragados, movimientos de suelo, etc. JXC, solo para ampliación de actividades existentes o aquellos proyectos nuevos que puedan degradar significativamente el humedal.
- Presupuesto: JXC, 0,05% del Presupuesto Nacional; FDT, 0,3%.
- Autoridad de aplicación: JXC, Ambiente y Agricultura; FDT, Ambiente.
MINEROS PIDEN PARTICIPAR DEL DEBATE
En este contexto, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) emitió un comunicado en el que solicitó que, “como sector productivo que se vería directamente afectado por las decisiones que se tomen, nos permitan hacer escuchar nuestras preocupaciones sobre el tema”.
“Quienes tienen la responsabilidad de decidir, deben poder contar con toda la información, de primera fuente, con cifras objetivas y con la visión de quienes día a día llevamos adelante los proyectos que motorizan las economías regionales”, remarcó la CAEM.
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La entidad repasó que representa actualmente el 85% de las exportaciones de Catamarca, el 84% de las de Jujuy, el 78% de las de Santa Cruz, el 75% de las de San Juan y el 36% de las de Salta.
“Por eso, somos una de las industrias más federales y esta relevancia regional no debe perderse de vista cuando se legisla pensando en el bien común. La búsqueda de un futuro sustentable debe incluir también la posibilidad de empleo, progreso y calidad de vida. Esto sumado al rol que cumplen los minerales para la generación de tecnologías de energía limpia y electromovilidad, necesarias para el proceso de descarbonización”, enfatizó.
En esta línea, recordó también que esta actividad ya tiene que cumplir numerosas normativas, protocolos y controles, como los que establece la Ley Ambiental específica (Ley 24.585) que incluye la obligatoriedad de presentación y aprobación de un informe de impacto ambiental previo a la puesta en marcha de cada proyecto, en cada cambio de fase de desarrollo, previendo además su actualización cada dos años.
“Lo que pedimos es que se eviten las definiciones difusas y las ambigüedades, que abren la puerta a la discrecionalidad. Las decisiones que generan incertidumbre nos alejan de las inversiones productivas de calidad que el país hoy necesita más que nunca”, subrayó la CAEM.
La Cámara también subrayó que dan empleo a más de 90.000 personas en zonas alejadas de los centros productivos tradicionales, que son el quinto complejo exportador nacional y que aportaron el año pasado en impuestos más de $ 100.000 millones, además de que generan un derrame a través de su cadena de proveedores, ya que el 80% de las compras se realizan a pymes argentinas.
“Argentina tiene grandes posibilidades de crecer de la mano de la industria minera. Para lograrlo, necesitamos establecer un escenario de previsibilidad, en el marco de una lógica de largo plazo basada en ejes ambientales, productivos y sociales”, cerró la entidad.
