La “tregua” que hubo desde la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía y las reuniones “técnicas” de la Mesa de Enlace con el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, parece haberse ya terminado: en las últimas horas, recrudecieron con fuerza los reclamos del agro por la falta de respuestas a sus problemas.
Luego de que Coninagro pidiera un nuevo régimen fiscal y un sistema cambiario único, además de solicitarle a Massa medidas para las economías regionales –un reclamo compartido por CRA y por CAME–, ahora fue el turno de la Sociedad Rural Argentina (SRA), que a través de su presidente, Nicolás Pino, salió nuevamente a criticar a la Casa Rosada.
“El gobierno generó más incertidumbre y las respuestas no llegan”, señaló Pino. Aseguró que “la relación entre el campo y el gobierno está rota” y que por eso “se necesitan acciones y medidas concretas que sean en beneficio de los productores para poder encarar la campaña de granos gruesos con reglas claras y justas”.
DÓLAR Y CARNE
En primer término, el titular de la SRA hizo referencia al esquema de venta de soja a un precio “mejorado” propuesto por el Banco Central que, desde su punto de vista, “fracasó”.
“Por eso solicitamos un nuevo esquema que sea de fácil instrumentación y que los valores sean los que recibe un productor en cualquier parte del mundo. En Argentina se cobra un tercio del precio internacional, el otro tercio corresponden a derechos de exportación y el otro, se lo lleva la diferencia en el tipo de cambio. Estas semanas desde el gobierno han generado una mayor incertidumbre y una retracción muy fuerte en la comercialización del producto”, remarcó Pino.
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Por otro lado, insistió con la apertura total de las exportaciones de carne y la eliminación de intervenciones en los mercados de granos.
“Nos están poniendo un freno que impide generar más divisas para el país, es inentendible”, disparó.
Por último, se sumó al reclamo de las otras entidades en relación a las economías regionales. “Los diferentes tipos de cambio que existen las ahogan y les sacan competitividad”, indicó.
Sobre ese punto, recordó que en la reunión técnica que mantuvieron con el gobierno, fue uno de los temas centrales, junto a los vinculados a insumos (fertilizantes, gasoil, repuestos) financiamiento e impuestos, de los que no ha habido novedades concretas.
RETENCIONES
En tanto, la Sociedad Rural de Rosario (SRR) emitió un comunicado en el que retomó el reclamo por el cobro de derechos de exportación que consideran que en estos momentos es ilegal, siguiendo los criterios de la denuncia formulada en febrero por la SRA y del fallo que avaló esa postura de un juez federal de Junín.
“Hace 20años fuimos requeridos a un aporte extraordinario, las retenciones, para auxiliar al estado y la sociedad ante una crisis como la del 2001. Desde ese momento a la fecha, hemos aportado no menos de U$S 190.000 millones; mal utilizados en generar un estado cada día mayor, empobreciendo a la población, quitando su dignidad”, subrayó la Rural rosarina.
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Para esta entidad, “el cobro legítimo de las retenciones finalizó el 31/12/2021. Sin embargo, el gobierno, decidió mediante el Decreto 851/2021 del 14/12/2021, y sin tener facultad legal alguna para tal accionar, continuar recaudando por ese concepto. Es decir, ha sido una medida de clara desobediencia de la ley”.
Tras el fallo conocido en Junín, la SRR entonces “hace un urgente llamado al gobierno nacional para que respete este fallo judicial y arbitre los mecanismos de ajuste a la ilegalidad actual. De igual modo, insta a la población, miembros del poder ejecutivo y legislativo nacional y provincial a que tomen conciencia de la necesidad del respeto de las leyes y la Constitución Nacional para beneficio de la sociedad argentina en su conjunto”, dijo la asociación.
INSTITUCIONALIDAD
En línea con este último párrafo escrito en Rosario, desde Córdoba la Mesa de la Producción de esa provincia –integrada entre otras instituciones por las cuatro entidades de la Mesa de Enlace y por la Bolsa de Cereales– también hizo foco en el respeto a la Constitución Nacional.
“Cada nueva manifestación pública que debemos hacer desde el sector empresario es sobre una escalada de situaciones cada vez más graves. Hoy vivimos un estado generalizado de preocupación institucional, como hacía mucho tiempo no asistíamos como sociedad argentina”, arranca el comunicado de la Mesa cordobesa.
Y continúa: “Vemos un acelerado proceso de descomposición institucional y alejamiento de los dirigentes políticos de sus principales tareas y responsabilidades sociales frente a la ciudadanía. Todos nuestros problemas quedan en segundo plano y desatendidos: inseguridad, inflación, recesión, falta de trabajo y de esperanza”.
El sector privado de Córdoba reclama por un “asedio desbocado sobre el sistema judicial y la regla constitucional de división de poderes, en la forma de una presión intolerable sobre el Poder Judicial, quien constitucionalmente debe controlar los actos de gobierno y velar por la honestidad en el manejo de la cosa pública”.
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Al respecto, considera un ataque al principio de igualdad ante la ley, la decisión de la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, de “no someterse respetuosamente” a un proceso judicial en curso, tal como todo ciudadano o ciudadana debe hacerlo.
“Presenciamos a diario, con estupor, los llamados inescrupulosos a quebrar la paz social, alentando a la confrontación, manipulando maliciosamente la información y sin ninguna moderación ni medida sobre las consecuencias que pueden generar, por ejemplo, las desafortunadas declaraciones del presidente de la Nación”, agrega la Mesa de la Producción de Córdoba.
Por estos motivos, solicita un “mayor apego a nuestra herramienta republicana por excelencia: la Constitución Nacional”, porque “allí están los remedios y mecanismos para defender, con constancia y convicción, la vigencia y salud de nuestro orden institucional”.
“Este mensaje es un llamado a los dirigentes políticos a apegarse a nuestro principios constitucionales y a priorizar el bien común frente a sus intereses sectoriales”, cierra.
