La producción lechera argentina enfrenta un escenario que combina precios en tranquera que no terminan de repuntar, pequeñas y medianas empresas que trabajan por debajo de sus costos de producción y un control del Estado de los valores de venta que genera asimetrías en los extremos de la cadena.
En este escenario complejo, la exportación empieza a mostrar algunos signos de reactivación y se busca modificar el actual porcentaje de retenciones, mientras los reclamos sindicales se encuentran en stand by, tras el duro conflicto que enfrentó al gremio de los trabajadores de la leche y los directivos de la firma Lácteos Mayol.
En el apartado tambos, las estimaciones oficiales indican que la producción de leche aumentará 1,5% en 2021 y si bien los precios en tranquera exhiben una leve mejora, todavía no alcanzan para revertir los números en rojo que se generan ante un aumento constante de los costos, que en gran parte se encuentran dolarizados.
De acuerdo al Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), el productor recibió en febrero $24,20 por litro, cifra que muestra un incremento de $1,46 en relación a enero.
Por el lado de las pequeñas y medianas industrias del sector, el mayor problema radica en la política de Precios Máximos. Fuentes de esas empresas advirtieron que sus costos de producción se encuentran retrasados en el 25%, porque mientras que los insumos para producir yogur, leche o queso aumentaron hasta 50% en el último año, en las góndolas las subas llegaron a 12%.
¿Cómo enfrentan las pymes esta situación?
En el caso de las grandes cadenas de supermercados, los reclamos de estos empresarios vienen por el lado de los plazos de pagos, mientras que en los comercios de cercanía esta situación no se genera, al tener un vínculo más directo con el comerciante.
El otro tema que las pymes lácteas siguen con atención está vinculado a los derechos de exportación, que en el caso de la leche en polvo tributa 9% y en el resto de los derivados paga 4,5%. Estas empresas forman parte de la mesa láctea del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y en este espacio apuntan a la eliminación de este impuesto, o al menos obtener una reducción gradual.
En esta instancia, el deseo de los empresarios lácteos choca contra un Gobierno Nacional que escucha los reclamos de baja de retenciones, pero dejó en claro que su prioridad es la recomposición de divisas sin alterar el balance fiscal.
Los empresarios pymes siguen en diálogo con las autoridades con el objetivo de explicar que una baja en este impuesto representa un estímulo a las economías regionales. En 2020, esta cadena de valor realizó exportaciones por US$ 1.139 millones, y el 39% de las ventas correspondieron a leche en polvo, con Brasil como principal destino.
Los gobiernos provinciales empezaron a tomar cartas en el asunto, como el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense. En los primeros días de marzo se llevó a cabo la Mesa Provincial Lechera y entre las principales líneas de trabajo, se acordó trabajar en caminos rurales –un ítem sensible para estos productores-, financiamiento para la actividad y la suba en el monto de facturación a partir del cual los tambos pagan Ingresos Brutos.
El gremialismo rural bonaerense también se mueve en esta dirección. En el transcurso del mes, representantes de Confederaciones de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) organizaron asambleas en diferentes localidades bonaerenses. Estos encuentros se llevaron a cabo en Trenque Lauquen, Navarro y localidades de las cuencas de Abasto y Mar y Sierras, y los principales reclamos pasaron por la rentabilidad negativa a nivel interno y el pedido de eliminación de retenciones. En el transcurso de la semana habrá una reunión de la Comisión de Lechería de Carbap, en donde definirán los pasos a seguir.
En el plano sindical, durante los primeros días de marzo tomó estado público el duro conflicto entre los directivos de Lácteos Mayol, firma ubicada en Gobernador Udaondo (Cañuelas, Buenos Aires) y la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra).
Por el momento, sigue vigente la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno y en los próximos días se llevarán a cabo reuniones para destrabar el conflicto. Más allá de esta situación puntual, habrá que seguir de cerca cómo será el tono de las próximas discusiones paritarias del sector, en un escenario de alta inflación y suba de precios.
