El próximo lunes 28 será un día clave en La Pampa para el sector agropecuario. Ese día se cumplirán los 270 días de plazo que la Subsecretaría de Ambiente de la provincia estableció para la puesta en funcionamiento del modelo de gestión de envases vacíos de la Fundación Campo Limpio, y que todavía no tuvo grandes avances a nivel local.
La autoridad de aplicación de la Ley 27.279 de Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios comprobó la falta de progreso en la construcción de los tres Centros de Acopio Transitorio (CAT) que implica el sistema en el marco de una recorrida por las obras, y es por eso que ya se habla de la posibilidad de que se prohíba la comercialización de fitosanitarios en La Pampa.
La sola idea de que la medida se cumpla preocupa a las distribuidoras de insumos, que ya se expresaron este viernes a través de la federación que las nuclea, FeDIA. “Esta decisión afectará la actividad de las empresas distribuidoras de agroinsumos, que en su mayoría son agronomías y cooperativas de pequeña y mediana envergadura, y podría inclusive dejar en duda los planes productivos de cientos de agricultores”, salió a advertir la organización.
En ese sentido, las empresas remarcaron que la principal responsabilidad en la implementación de un sistema de gestión de envases vacíos de fitosanitarios “recae en los registrantes”, es decir, los laboratorios que formulan los productos, tanto nacionales como trasnacionales. “Son estas empresas, representadas por la Fundación Campo Limpio, las que deben proponer soluciones que incluyan inversiones y acuerdos con municipios y privados para la construcción y puesta en funcionamiento de los CATs”, sostuvo FeDIA.
“Pese a que la ley es muy precisa sobre la responsabilidad de cada eslabón, han surgido desde su aprobación interpretaciones confusas de parte de las autoridades de aplicación provinciales e intentos de parte de las compañías de trasladar su responsabilidad al canal de distribución”, denunció la federación, y le pidió al gobierno de La Pampa y a los registrantes “lograr un acuerdo que permita alcanzar una solución definitiva al problema”, sin alterar la actividad comercial de los distribuidores de agroinsumos.
La situación se da en un contexto particular de la provincia. A principios de enero, una agrupación ambientalista le exigió al gobernador Sergio Ziliotto la prohibición de aplicar glifosato en todo el territorio pampeano. Semanas después, aparecieron bidones de agroquímicos arrojados en el antiguo basural de Macachín y la Municipalidad hizo una denuncia en sus redes sociales.
