Un grupo de 15 turistas fue imputado penalmente en una causa donde se investiga si se produjeron daños al medio ambiente durante una excursión en vehículos doble tracción por Península Mitre, el parque natural más importante de Tierra del Fuego.
El fiscal de la ciudad de Ushuaia, Fernando Ballester Bidau, consideró a los participantes de la travesía como presuntos responsables del delito de “daños agravados en despoblado y en banda”, a la vez que solicitó al juez de feria Federico Vidal la realización de distintas medidas probatorias.
El caso surgió a raíz de la denuncia formulada por dos entidades ambientalistas: la Asociación Manekenk y la Asociación Civil Conservación de Península Mitre, a las que se sumó la Asociación de Profesionales en Turismo de Tierra del Fuego.
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Publicado por Asociación Manekenk en Lunes, 20 de enero de 2020
Los denunciantes dijeron que el 9 de enero tomaron conocimiento de que un grupo de personas a bordo de nueve vehículos “de gran porte y doble tracción” realizaría una expedición a Península Mitre.
Según la denuncia, advirtieron que la actividad podía generar daños a la región ubicada en el sureste de la isla, caracterizada por un ecosistema único y enormes turbales, por lo que avisaron a la Secretaría de Ambiente de la provincia.
A los pocos días, recibieron “fotografías y videos” donde “se observa un grave daño sobre la turba, la vegetación y el delicado suelo del área, y en donde las huellas que se ven son compatibles con rodados de gran porte”, afirma la presentación judicial.
Península Mitre posee una extensión de más de 500.000 hectáreas, entre el área marina y terrestre donde se puede encontrar el 80% de los turbales existentes en la provincia, bosques nativos que por sus características especiales albergan una importante biodiversidad, y especies endémicas de la flora y fauna fueguina, algunas en peligro de extinción.
Se trata de una región con un gran valor geológico y paleontológico, con fósiles de 40 millones de años de antigüedad, que cuenta con importantes testimonios etnográficos y arqueológicos de los pueblos originarios, así como de la llegada y presencia de los pobladores no nativos y de la historia de la navegación del Atlántico Sur, declarados en su totalidad patrimonio histórico provincial.
La denuncia estima que el daño producido por la excursión es “grave e irreparable”, ya que la zona no posee caminos habilitados para el tránsito de vehículos, razón por la cual necesariamente la circulación se hace a través de la turba, y en un ecosistema de alta fragilidad.
Con esos argumentos, el fiscal Ballester Bidau solicitó que “se arbitren los medios para identificar fehacientemente a los imputados” y “se ordene una inspección ocular” para identificar los daños en las turberas.
Por su parte, los participantes de la excursión todavía se encuentran en la zona, donde no existe acceso a telefonía y las comunicaciones sólo pueden realizarse por radio o por un teléfono satelital, de modo que posiblemente no estén al tanto de la causa.
Los denunciantes informaron al juez que la fecha probable de regreso de la expedición es el 28 de enero, con lo que recién en ese momento podrán dar explicaciones ante la justicia fueguina.
