La Legislatura de Jujuy sancionó el proyecto de ley para la declarar de utilidad pública y expropiar 35.000hectáreas del ingenio La Esperanza. El gobierno de Jujuy es acreedor en la quiebra del ingenió y dispondrá esa superficie para fomentar el desarrollo forestoindustrial de la provincia.
Los diputados de Cambia Jujuy lograron la mayoría y aprobaron la ley provincial 6.133 que habilita al gobierno de Gerardo Morales a expropiar la mitad del ingenio que tras varios años en quiebra había sido vendido parcialmente a un grupo tucumano. Entre las propiedades de “La esperanza” también se encuentran la fabrica y otras 35.000 hectáreas que fueron vendidas al grupo tucumano Budeguer.
“Quedó parte de la deuda al Estado provincial porque es el principal acreedor de esa deuda, y se tomó la decisión política de que las 35.000 hectáreas que no son del grupo inversor las declaramos de utilidad pública y con esto lo que estamos haciendo es capitalizando a Jujuy”, explicó el presidente del bloque radical, Alberto Bernis.
La normativa faculta al Ejecutivo provincial a “determinar la superficie efectiva a expropiar de cada uno de los inmuebles individualizados; a concretar todos los actos y trámites tendientes a la adquisición registral de los inmuebles, y a delimitar y precisar su efectiva afectación”.
La ley indica que los gastos que pudiera demandar su cumplimiento se “compensarán con los créditos que tuviere la provincia de Jujuy en la calidad de acreedor de la quiebra del Ingenio La Esperanza”.
Los espacios opositores criticaron duramente la norma por entender que no precisa “la valuación fiscal” y cuestionaron su “rápido tratamiento”.
Se preguntaron cuál será la “sociedad forestal” que manejará esas tierras y alertaron que no se explica si la provincia va a tener que pagar.
“Es un negocio para el radicalismo que los jujeños no vamos a llegar a ver”, dijo la legisladora del PJ Alejandra Cejas, al criticar la decisión de vender el sector productivo para ahora comprar tierras, luego de que antes “hicieron un escándalo” para esa operación.
Desde la izquierda dijeron que es “un proyecto que termina siendo un cheque en blanco para el Ejecutivo” y afirmaron que “no queremos un negociado”.
