Según la denuncia anónima presentada ante el Procurador de Investigaciones Administrativas: “Solicitamos se investigue la posible comisión de los delitos de administración fraudulenta (art. 173 inciso 7 CP), asociación ilícita (art. 210 CP) y/o de otros ilícitos penales cuya comisión quedara probada mediante la respectiva investigación, que habrían sido cometidos por parte de:
* Juan Balbin (Presidente del Consejo Directivo de INTA)
* Mariano Bosch (Vicepresidente del Consejo Directivo de INTA)
* Alejandro Conci (Vocal del Consejo Directivo de INTA)
* Horacio Alippe (Ex Vocal y actual asesor rentado del Consejo Directivo de INTA)”.
Y continúa: “Los mencionados son miembros del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) mientras que, a la vez, son socios de la Asociación Argentina de Consorcios de Experimentación Agropecuaria (AACREA). En tal calidad, los referidos funcionarios administran fraudulentamente para que el INTA pierda su cartera de proyectos de investigación y extensión de manera que éstos sean cedidos, apropiados o absorbidos por AACREA, favoreciendo a ésta última entidad”.
El argumento que sostiene la denuncia plantea que los señalados integrantes del Consejo Directivo del Instituto, que también son miembros CREA, estarían poco a poco limitando todos los servicios que presta el INTA a la comunidad agroindustrial, generando un vacío que en un futuro no muy lejano, sería ocupado por ellos mismos, ya no en calidad de asistencia pública, sino privada.
SÍNTESIS DE LA DENUNCIA
“Las personas enunciadas, con el objeto de perjudicar al INTA favoreciendo a la entidad de la que todos ellos son miembros (AACREA) llevan adelante las siguientes acciones:
* Inducen el desfinanciamiento de INTA. Contando para el año 2019 con recursos autárquicos de fuente propia (art 28 de la Ley 26.446) y que ascienden a 13.000 millones de pesos, confeccionaron un presupuesto de gastos por la mitad de esa cifra que no alcanza siquiera para la operatividad mínima de la institución, con el fin de llevarla a su paralización, quebranto y posterior liquidación.
* Persiguen a los técnicos de la institución por sus investigaciones científicas y opiniones técnicas, hostigándolos con permanentes auditorias y sumarios administrativos con el fin de silenciarlos. Sobre todo cuando las conclusiones de las investigaciones y actividades son críticas de las prácticas productivas que emplean los asociados de AACREA o están dirigidas a productores de tamaño más pequeño.
* Operan la enajenación de valiosas tierras que posee el INTA en el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias (CNIA) en Castelar que es el núcleo de la investigación del INTA (representa casi la mitad de los investigadores) y dónde están sus principales laboratorios. Buscan así que el INTA se quede sin investigación y todos esos servicios puedan ser apropiados en un futuro por AACREA”, indica la denuncia, que fue presentada a principios de diciembre.
Según comentó a Infocampo un integrante del INTA que prefirió preservar su identidad: “Es evidente que lo están vaciando, ya ni la flota de celulares tenemos, ni presupuesto para cargar gasoil, ni apoyo a la investigación”. La fuente en cuestión explicó además que “no veo persecución a ningún técnico, pero si veo una presencia privada que antes no existía”.
Uno de los argumentos presentados en la denuncia indica que en el INTA “Su máximo órgano de conducción es su Consejo Directivo (art. 7 Ley 21.680) que se compone de diez consejeros, cinco por el sector público y cinco por el sector privado. Uno de los cinco integrantes por el sector privado le corresponde a AACREA según lo manda el decreto 287/1986. Pero solo uno. Hoy, contrario a lo que manda la ley, AACREA sienta en los hechos a seis (6) integrantes en el Consejo, conformando una mayoría automática que toma las decisiones para perjudicar al INTA favoreciendo a AACREA”.
Entonces: “AACREA se presenta como una asociación civil sin fines de lucro integrada y dirigida por empresarios agropecuarios, que se reúnen en grupos para compartir experiencias y conocimientos. No obstante, los asesores que conforman el plantel de AACREA, perciben una remuneración por los servicios que les prestan a los productores. ¿Y en qué consisten estos servicios? En los mismos que brinda el INTA: investigación y la extensión rural. En conclusión, lo que el INTA le da al productor de forma gratuita, AACREA se lo cobra”.
Según la denuncia, “se elige la vía anónima porque esa oficina tiene facultades para recibirlas y porque además el clima de terror y miedo reinante en la institución impide adoptar otro camino”.
¿Será la denuncia una mera cuestión política para incriminar a empresarios agroindustriales que se desempeñan en la actividad pública; o será cierto que hay una gran conspiración para vaciar al INTA?
Por otro lado: “Considerando que el INTA depende de la Secretaría de Agroindustria, todo ésta cooptación del INTA que lleva adelante AACREA está cubierta por el paraguas institucional de Santiago Del Solar Dorrego, jefe de gabinete de la Secretaría de Agroindustria y miembro de AACREA. Y de Guillermo Bernaudo, Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, también miembro de AACREA. Por su lado, Ricardo Negri, actual presidente del SENASA (también miembro AACREA) colabora en la tarea de vaciamiento del INTA. Del Solar Dorrego tiene abierta una causa penal por haber filtrado a grupos de productores pertenecientes a AACREA y Sociedad Rural Argentina, que las retenciones a las exportaciones serían reestablecidas este año, permitiendo a tales empresas haber elaborado estrategias financieras para eludir las imposiciones”.
Compartimos al denuncia completa, e invitamos a los señalados a que hagan su descargo, si así lo prefieren, por esta vía de comunicación.
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