Organizaciones de agricultura familiar, campesina e indígena reclamaron ante los cambios en el Monotributo Social Agropecuario (MSA) que dio a conocer el Ministerio de Agroindustria de la Nación la semana pasada.
En un comunicado al que titularon Más recortes para la Agricultura Familiar, las agrupaciones rechazaron la decisión del Gobierno Nacional de dar de baja el MSA a partir del 1° de enero de 2019.
“El MSA es una herramienta fundamental para regularizar las condiciones mínimas y dignas de nuestro trabajo. Desde el año 2009 tenemos el derecho de acceder a la salud a través de la obra social, aporte jubilatorio y la posibilidad de facturar. Esto da un marco regulatorio y tiende la formalización de la Agricultura Familiar. Somos el sector responsable de más de la mitad de los alimentos que se consumen localmente y, según FAO, un actor clave para combatir la malnutrición y la pobreza rural”, subrayaron.
Asimismo, se refirieron a las declaraciones del secretario de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorio de Nación, Santiago Hardie, quien dijo al diario La Nación que “productores con alto grado de necesidad y de vulnerabilidad quizás tienen un monotributo porque alguien fue, se lo hizo llenar y ni lo usan, ni se acuerdan que lo tienen, y el Estado pone un montón de guita ahí”.
“Las autoridades del Ministerio de Agroindustria demuestran una vez más el carácter de clase y el sesgo anti-popular de sus políticas”, consideraron, al tiempo que indicaron que las palabras de Hardie son “despectivas” e “inaceptables”. “Estas declaraciones son una nueva muestra del desconocimiento del trabajo que cotidianamente realizamos a lo largo y a lo ancho del país miles de pequeños productores, campesinos y agricultores familiares”, dijeron.
En tanto, remarcaron que “hace más de un año las familias agrícolas no podemos inscribirnos para acceder a este derecho”. “La impericia o irresponsabilidad del Gobierno Nacional no justifica el recorte de derechos”, sostuvieron.
“Son más de 50 mil familias que pierden el derecho de regularizar su trabajo. Son más de 100 mil personas que pierden el derecho de acceder a la salud. Y es toda la población argentina que verá perjudicada su posibilidad de acceder a alimentos producidos en suelo argentino”, cerraron.
El comunicado lleva las firmas de ACINA – Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino; AGA – Agrupación Grito de Alcorta; AMRAF – Asociación de Mujeres Rurales Argentinas Federales; ATE – Asociación de Trabajadores del Estado Seccional Corrientes; ATE – Junta Interna Agroindustria; ASOMA – Asociación de Medieros y Afines; FAA – Federación Agraria Argentina; FNC – Federación Nacional Campesina ; FNC – Frente Nacional Campesino; ONPIA – Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina; FAE – Frente Agrario Evita; FARC – Frente Agropecuario Regional Campesino; FUNDAPAZ – Fundacion para el Desarrollo en Justicia y Paz; MNCI – Movimiento Nacional Campesino Indígena–Vía Campesina; MOCASE Movimiento Campesino de Santiago del Estero; MOPPROFE – Movimiento Provincial de Pequeños Productores de Santa Fe; MTE Rural; CTEP Movimiento de Trabajadores Excluídos Rama Rural; REDAF – Red Agroforestal Chaco Argentino; Red Entrerriana de Parmacultura; UCV – Unión Campesina de Varela; UOCB – Unión de Familias Organizadas- Cuña Boscosa y Bajos Meridionales y UTT – Unión Trabajadores de la Tierra.
